Dioxitek y una polémica extendida
Los vecinos de Alta Córdoba se despertaron el pasado miércoles con la noticia poco alentadora de que en el corazón de esa populosa barriada, y durante dos años más, continuará operando la empresa productora de dióxido de uranio, Dioxitek.
En efecto, en virtud de un convenio refrendado por la Municipalidad de Córdoba, la firma estatal nacional y la Justicia Federal, se levantó la clausura que pesaba desde 2014 sobre esa planta, dedicada a la producción del insumo que se utiliza en la elaboración de elementos combustibles para las centrales nucleares de la Argentina.
El entendimiento no sólo significa un duro revés a los reclamos de esos vecinos para que las instalaciones sean erradicadas definitivamente del barrio, sino que pone al desnudo la vieja manía de las autoridades de prorrogar decisiones donde se requieren soluciones urgentes y de fondo que atiendan las exigencias de los ciudadanos.
Una larga historia de polémicas y promesas fallidas jalonó el derrotero de esta empresa, cuyas acciones pertenecen en un 99 por ciento a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea). Pero la decisión ahora vigorizada por las tres partes mencionadas ahonda los interrogantes.
Si la planta fue cerrada de “manera definitiva” en noviembre de 2014 por la Municipalidad, atento a que violaba la ordenanza que prohíbe la radicación de este tipo de industrias en zonas urbanas, ¿qué cambió para dar curso ahora a una nueva habilitación?
¿Se han atendido en este marco de entendimiento los reclamos para preservar la salud de la población y el medio ambiente que elevaban los vecinos ya en 2006? Tampoco está dirimida una de las controversias centrales, como es el retiro y mudanza de unas 58 mil toneladas de residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo a la industria.
Ahora la Cnea retoma la agenda de promesas difusas en relación a nuevos plazos, estudios de factibilidad y recursos económicos destinados a la relocalización de Dioxitek en la provincia de Formosa.
Tampoco se entiende la contraprestación o condiciones contempladas en el acuerdo, cuyo “garante” es el juez federal Miguel Vaca Narvaja.
Se trata del compromiso asumido por la Cnea de proveer 400 luminarias solares para instalar en plazas; o el inicio de gestiones para que la Nación done al municipio el terreno ubicado frente a lo que fue la Cervecería Río Segundo, en la zona oeste del límite con Alta Córdoba, con fines de emplazar un parque.
Sean bienvenidas las obras, pero se abre un manto de sospecha sobre un intercambio de favores para que la planta siga en funciones dos años más, con la posibilidad de prórroga. Demasiado para un vecindario afligido.