Inseguridad y problemática migratoria
La inseguridad continúa siendo uno de los problemas cruciales que aquejan a los argentinos y que las autoridades gubernamentales no han podido poner bajo control, pese a los profusos programas de prevención y de acción contra el delito.
Sin embargo, dos hechos recientes vinieron a agitar una controversia nunca saldada respecto de la fenomenal corriente migratoria que tiene a la Argentina como destino y arribo de ciudadanos con prontuarios delictivos en sus países de origen.
Uno de esos episodios fue el asesinato de un menor, a fines de diciembre pasado, ba- leado en un supuesto intento de asalto en el barrio porteño de Flores por otro chico de 15 años, de nacionalidad peruana, a quien la Justicia declaró inimputable y envió a su país, donde viven sus abuelos.
El otro hecho de enorme trascendencia pública que aportó a encender aún más el debate sobre los inmigrantes tuvo que ver con el aparatoso desalojo por parte de la Policía de los vendedores ambulantes instalados desde hace años en el barrio porteño de Once, conocidos como “manteros”, y que, en su gran mayoría, son ciudadanos provenientes de países vecinos.
Se trata de situaciones relevantes, pero que de ninguna manera deben empañar y comprometer a las inmensas comunidades de inmigrantes que se han asentado en distintas regiones de la Argentina en busca de un futuro mejor.
La decisión del Gobierno nacional de endurecer la política migratoria y poner en marcha controles más estrictos de los extranjeros que ingresan al país puede ser una oportunidad para atacar el crimen organizado que desembarca de otras latitudes y cuyos delitos más graves se pueden constatar con el tráfico de drogas y de armas, y con el lavado de dinero. Pero no debe atentar contra los derechos humanos de nadie ni violar los principios constitucionales
Vale repasar datos que señalan que los extranjeros no son los únicos responsables de la escalada de inseguridad. Según los registros de 2015 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, de los 71.464 presos que conformaban entonces la población carcelaria argentina, 4.307 eran extranjeros, es decir, el seis por ciento.
En tanto, cifras de la Dirección de Migraciones dan cuenta que entre 2011 y 2015 se concretaron 632.440 radicaciones permanentes, en su mayoría de ciudadanos originarios de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia y de Brasil.
Es imperioso que las áreas pertinentes del Estado ajusten los controles fronterizos y de migraciones conforme con las normativas vigentes, a fin de evitar que se filtren sujetos con registros delictivos en sus países, pero sin caer en la tentación de discriminar a extranjeros que llegan con buenas intenciones de integración y de trabajo.