Un largo conflicto sin solucionar
Los conflictos que afectan los servicios de salud pública colocan a los pacientes en una situación de vulnerabilidad, más aún cuando esos diferendos se extienden sin que sus gestores se avengan a encontrar una solución responsable.
Podrán ser controversias de naturalezas sindicales, económicas y profesionales, pero siempre es el ciudadano que acude a un servicio de asistencia social quien queda como rehén de intereses y pujas ajenas.
El dilatado conflicto que enfrenta a los anestesistas agrupados en la Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanima- ción de Córdoba (Aadarc) con la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) es otra muestra acabada de los casos de intolerancia que se anotan en el ámbito de la salud pública en la provincia.
Apross tiene más de 600 mil afiliados, entre los inscriptos directos y los voluntarios. Es decir, un universo enorme de ciudadanos que depende de esa obra social para su mejor atención sanitaria.
El reclamo de los anestesistas arrancó a comienzos de 2016, cuando el Ministerio de Salud provincial tomó por su cuenta la cantidad de residentes que iban a ingresar para su formación, lo que generó las quejas de Aadarc, al entender que con ello perdía injerencia en esa problemática.
En el medio de las fricciones, una dotación de anestesiólogos decidió borrarse de la cartilla de prestadores de Apross, con el argumento de una deuda por aranceles que los directivos del instituto negaron.
Lejos de contribuir a pacificar los ánimos, lo que siguió fue un menú de acusaciones de tono encendido, mientras los afiliados de la obra social se vieron impelidos en muchos casos a pagar los aranceles de rigor, como si se tratara de pacientes particulares.
La falta de vocación de las partes para zanjar las diferencias en el terreno adecuado (y una cierta obcecación de la asociación de anestesistas) obligó a exponer el diferendo en los Tribunales.
En virtud de ese giro, una cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó a Aadarc y sus profesionales adheridos que garantizaran las prestaciones a los afiliados de la obra social, mientras se analiza la cuestión de fondo.
La medida judicial contiene un párrafo que resume de manera elocuente el grado de indefensión de los pacientes: “No es posible incumplir el acuerdo, sino al precio de crear un riesgo social de proyecciones directamente relacionadas con el valor de la vida humana, creando falta de certeza a quienes requieren una prestación anestesiológica”.
Alguien debe aportar la llave para destrabar un pleito que –como sucede a menudo en el ámbito de la atención de la salud– contribuye a ahondar el maltrato a los pacientes.