En Córdoba, ya hay tantos vigiladores privados como policías
En seguridad privada trabajan unas 17 mil personas. El 40% no está habilitado. La Policía de Córdoba tiene 17.500 agentes activos en las calles de toda la provincia.
Aunque la Policía de Córdoba cuenta con 22.800 empleados, desde la propia fuerza informaron que la cantidad de agentes que cumplen funciones en las calles de toda la provincia no supera los 17.500 efectivos.
La cifra es casi idéntica a la cantidad de guardias privados que informaron desde el Sindicato Único de Vigiladores de Córdoba (Suvico). Hay unas 10 mil perso- nas registradas en las 142 empresas habilitadas que están en servicio en la provincia, mientras que otras siete mil trabajan sin control: la mitad son “rondines” y la otra mitad, guardias privados no habilitados.
El secretario de Seguridad de la Provincia, Diego Hak, admitió que falta articulación entre ambas fuerzas e informó que en 20 días ingresará a la Legislatura un proyecto para reforzar controles sobre las agencias de seguridad.
Por cada policía activo que viste el uniforme oficial, hay otro que también hace tareas de vigilancia, pero reportando a un empleador privado. No porta armas, pero está abocado a una sola cosa: vigilar. Vigilar personas y, especialmente, propiedades privadas con los bienes que hay adentro. Lo hace en los barrios cerrados, en los countries, en los ingresos a los edificios, en las empresas, en los shoppings, en los hospitales, en las fábricas, en los museos o en un viejo auto rondando las calles de la ciudad. Tienen nula o escasa supervisión. Los controles, cuando existen, son difusos.
Los números son contundentes: en la Policía de la Provincia de Córdoba hay 22.800 agentes que cobran su sueldo y hacen sus aportes, según datos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Pero, en la práctica, descontando los que están de licencia o con carpeta médica, quedan alrededor de 17.500 los que están efectivamente activos, según reconocen fuentes de la propia Policía.
En las filas privadas, el número es similar: alrededor de 10 mil registrados, que se desempeñan en las 142 empresas habilitadas que están en servicio en la provincia,
que agrupan a los vigiladores. Pero, además, hay otros siete mil que trabajan sin habilitación: la mitad son “rondines” (el autito que circula por las calles) y la otra mitad, guardias privados no habilitados. Aquí hay muchos policías retirados o expulsados de la fuerza, ya que la Provincia no permite el ingreso de militares o agentes retirados a las empresas privadas de vigilancia.
La regulación está en manos del Ministerio de Seguridad, en la Dirección de Prestadores Privados. La ley indica que, cada dos años, el trabajador debe hacerse un examen físico y psicológico para renovar su licencia y que el Estado debe controlar a las empresas y cooperativas que prestan el servicio.
El salario promedio de un guardia ronda los 15 mil pesos, que puede estirarse un poco con horas extras. Hay casos –como constató la Dirección de Prestadores Privados en el country Cuatro Hojas– en los que se asignó al personal de maestranza para hacer de seguridad. Se calcula que, cuando no se trata de personal habilitado, cobran entre 20 y 30 por ciento menos. En tanto, un vigilador privado habilitado cuesta más o menos lo mismo que contratar adicionales de la Policía. En muchos casos, se privilegia el trato más amigable que ofrecen los guardias privados.
De los alrededor de 10 mil vigiladores que están habilitados, el 60 por ciento trabaja en instituciones, organismos públicos y privados, y empresas, en tanto que el 40 por ciento se desempeña en alrededor de las 200 urbanizaciones cerradas que existen en la provincia.
“Es difícil trabajar entre tantos millonarios con estos sueldos de miseria laburando 12 horas por día”, dijo a este diario G.D., un vigilador que está desde hace cinco años en un country de la zona norte de la ciudad.
“Nosotros no tenemos un solo trabajador imputado”, se defiende el titular del gremio de los vigiladores (Suvico), Rodolfo Pedrocca. “Las auditorías de terreno nos dicen que en un barrio privado, en promedio, tiene que haber 20 guardias, pero contratan tres: dos en la puerta y uno haciendo la ronda”, agrega. Pero remarca que esas urbanizaciones cobran expensas de cinco a 10 mil pesos y presentan falencias en cercos perimetrales, luces y sensores.
Cambios en la ley
En la provincia existe la ley 9.236, de 2005, que regula los servicios de seguridad, vigilancia e investigación. Pero adolece de dos problemas: no tiene reglamentados algunos puntos claves y ha quedado vieja para la cada vez más compleja problemática de la inseguridad.
Diego Hak, secretario de Seguridad de la Provincia, confirmó a este diario que en 20 días se presentará una nueva ley, consensuada entre todos los actores. “Esta ley viene a blanquear la situación de los que están en negro y generar un padrón único”, dice. Asegura que se regularán los rondines, se creará un cuerpo de inspectores para controlarlos y se pondrá especial acento en articular el trabajo de ese ejército privado paralelo con la Policía. “Hay rondines que no tienen ni siquiera el teléfono del comisario de la zona”, dice Hak.
“Creemos que este momento es clave, es la primera vez que el Estado provincial toma cartas en el asunto y se pone a reglamentar una ley que abarca a más de 15 mil personas que ejercen esta función, en una actividad que mueve 1.600 millones de pesos anuales”, concede Pedrocca, de Suvico.
Para el dirigente, la principal falencia de la ley actual está en las multas, que no se reglamentaron. “El principal problema está en los que contratan a empresas no habilitadas. Todos los barrios tienen más de 400 viviendas y contratan a cualquier empresa que les preste el servicio, para pagar menos. Precarizan la fuente laboral y ponen en riesgo la vida de las personas, por eso es clave la multa”, dice.