Negocios de familia
El Gobierno nacional dio marcha atrás con el caso del Correo. El presidente Mauricio Macri ordenó volver las cosas a foja cero, lo que en otros términos significa barajar y dar de nuevo. Se trata de una vuelta más entre tantas idas fallidas.
Macri muestra grandeza al reconocer sus errores, pero al mismo tiempo desnuda su torpeza al cometerlos. La sucesión de equívocos configura mala praxis en cualquier profesión y la posibilidad de enmendarlos se reduce con cada reiteración. La autoridad se debilita, y por Cervantes se sabe que no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse.
Cuando trascendió el acuerdo económico con la empresa del Grupo Macri que explotó el correo oficial hasta que ella misma explotó en un concurso preventivo, hace más de 15 años, los funcionarios responsables intentaron justificar el tratamiento del asunto amparándose en la corrección y legalidad de los procedimientos.
En el fondo –alegaron–, sólo querían cobrar una deuda millonaria, en gran parte ya licuada por la desidia kirchnerista que no se había ocupado de resolver el problema. Sucede que a partir de la presentación en concurso se congelan los intereses durante todo el proceso, y la falta de diligencia del acreedor va en detrimento de su patrimonio mientras la situación persiste. De allí la necesidad invocada por el Gobierno para un entendimiento urgente con la concursada.
Hasta aquí, no habría nada que objetar, si no fuera porque la deudora es una sociedad perteneciente a la familia del Presidente. Una fiscal puso el grito en el cielo. Observó que el acuerdo es desventajoso para el Estado y aconsejó al tribunal su rechazo, por configurarse un abuso del derecho contemplado expresamente por la ley, que impide su homologación. El escándalo estalló, Mauricio Macri capituló y no se sabe bien cómo piensa salir de semejante lío.
En realidad, cualquier arreglo entre el Gobierno y una empresa vinculada al primer mandatario sería genuino destinatario de recelos y desconfianzas, aun cuando no produzca quebranto alguno para el erario.
La colisión de intereses es tan manifiesta que nadie podría asegurar que los funcionarios dependientes del Ejecutivo actuarían en la emergencia con imparcialidad, principio rector de la burocracia no predicable sólo de la judicatura, sino de cualquier repartición estatal.
Comportarse de modo imparcial –dice Bryan Barry en su libro La justicia como imparcialidad– significa no estar motivado por consideraciones privadas en decisiones que deberían adoptarse por razones públicas. Por eso, los jueces deben apartarse cuando, por ejemplo, un pariente es parte en el juicio.
También el Presidente, que encabeza la administración general del país, debe abstenerse de intervenir cuando existe la posibilidad de colisión entre su interés particular y el público que su investidura representa.
Coartadas que no convencen
Ha sostenido Oscar Aguad, el ministro inmediatamente responsable del litigio, que el Presidente no estaba al tanto de las tratativas porque tiene vedado interesarse en un asunto que involucra a su familia.
Esta es, precisamente y al contrario de lo que piensa el funcionario, la razón por la cual el Gobierno no debió llevar adelante el pacto. Si Macri estaba enterado o no, poco importa a tal efecto, pues el Poder Ejecutivo, por disposición constitucional, es unipersonal. Cualquier decisión tomada en su seno remite indefectiblemente al Presidente. Por lo tanto, ningún órgano subordinado a él debería resolver por sí solo cuestiones que tengan que ver con su ámbito privado.
Nos hemos enterado –también por el mismo ministro– de que el grupo económico liderado por el padre acaba de demandar al Estado que preside el hijo, con causa en la misma relación jurídica frustrada del Correo Argentino.
Se trata de una estrategia elaborada por el progenitor con el propósito de obtener ventajas en la negociación entablada con los empleados públicos subalternos de su hijo. Toda una confusión. Aguad utiliza este hecho para defender la transacción, sin advertir que es una desgracia para Cambiemos, porque al arrastrar el Presidente el estigma de pertenecer a una familia enriquecida por la patria contratista, la promoción de estas demandas durante su gestión proporciona a los enemigos argumentos nada desdeñables para demostrar que los Macri aprovechan la coyuntura para seguir ganando plata.
Los negocios de familia han puesto al Gobierno frente a un dilema, pues cualquiera de las soluciones posibles, aunque legales, conduciría a resultados indeseados o negativos, al permanecer las sospechas respecto de sus motivaciones verdaderas.
La buena práctica aconsejaba, desde el vamos, la inhibición del Poder Ejecutivo y la intervención de los órganos de control del Congreso para que el tema se resolviera en otro ámbito, con amplia publicidad de lo acontecido.
El acuerdo presentado ante el juez del concurso hubiera sido, de este modo, el producto de un trámite avalado por sujetos independientes del Presidente, sin suspicacias de ninguna especie. Posiblemente, se siga ahora este camino.
No se trata de una solución ortodoxa; pero entre tantos decretos de necesidad y urgencia dictados para causas menos nobles, uno con la finalidad de garantizar la transparencia no debería recibir injuria.
* Abogado