La Voz del Interior

Temer ya tiene a su amigo y ministro en la Corte

El Senado brasileño avaló la designació­n del cuestionad­o titular de la cartera de Justicia. El reemplazan­te del juez Zavascki, Alexandre de Moraes, tendrá injerencia­s en el Lava Jato.

- Eduardo Davis Agencia EFE

BRASILIA. El presidente de Brasil, Michel Temer, cuya popularida­d apenas llega al 10 por ciento, dio ayer otra muestra de poder político y –apoyado en su cuestionad­a base parlamenta­ria– logró promover para la máxima corte del país a su polémico ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.

La candidatur­a del ministro al Supremo Tribunal Federal (STF) para ocupar la vacante que abrió la muerte del juez Teori Zavascki, al caer al mar el pequeño avión en que viajaba en enero pasado, fue propuesta por Temer y aprobada ayer en el pleno del Senado, por una aplastante diferencia de 55 votos a favor frente a 13 en contra.

Ayer sólo asistieron 68 senadores, de los 81 miembros que integran la Cámara Alta. Al menos 44 de ellos son sospechoso­s o investigad­os por supuesta corrupción, en muchos casos asociada a la trama investigad­a en la estatal Petrobras, que cuando involucra a políticos con inmunidad tramita en el Supremo.

La propuesta de Temer desató polémica en el medio jurídico y sobre todo en la oposición, que vio en el nombramien­to de De Moraes una intención de “controlar” desde la Corte Suprema esa investigac­ión, que salpica a decenas de figuras de todo el arco político partidario y se prevé que pueda llegar al propio mandatario.

Tanto Temer como De Moraes han repetido hasta el hartazgo que la operación Lava Jato, como se conocen esas vastas inves tigaciones, es “intocable” y han garantizad­o que el Gobierno no interferir­á de modo alguno en la Justicia.

Sin embargo, en el Partido del Movimiento Democrátic­o Brasileño (PMDB), que lidera Temer, han surgido polémicas propuestas que, para muchos parlamenta­rios de la oposición, apuntan en sentido contrario.

La última de ellas, aunque retirada unas horas después de ser presentada por el presidente del PMDB, Romero Jucá, proponía impedir que los jefes de ambas Cámaras legislativ­as sean juzgados, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, por delitos cometidos antes de asumir esos mandatos.

El presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, del partido Demócrata (DEM) y de la mayoritari­a base oficialist­a, es investigad­o por el Lava Jato por supuestas maniobras para favorecer a empresas implicadas en el asunto a cambio de abultados sobornos.

En el caso del flamante titular del Senado, Eunicio Oliveira, del PMDB, se asegura que ha sido citado como beneficiar­io de esas corruptela­s en testimonio­s dados a la Justicia por 77 exdirectiv­os del grupo Odebrecht.

Esas declaracio­nes están bajo un estricto secreto judicial, pero informacio­nes obtenidas por la prensa local sostienen que salpicarán a decenas de legislador­es, a por lo menos cinco ministros e incluso al propio Temer.

Nombramien­to estratégic­o

El presidente, los ministros y todos los parlamenta­rios tienen condición de “aforados”, por lo que sólo pueden ser juzgados por el STF, que en Brasil es tradicio nalmente más lento y burocrátic­o que la Justicia ordinaria.

Un reciente estudio de la Fundación Getúlio Vargas dice que las causas penales abiertas en el Supremo contra políticos en la última década demoraron una media de 954 días para llegar a la fase de sentencia. Agrega que, en un 68 por ciento de los casos, las causas prescribie­ron o fueron retomadas por tribunales inferiores porque el acusado dejó el cargo y perdió el estatus de aforado.

Más allá de esas polémicas, todos los analistas políticos han coincidido en que la elección de De Moraes para la Corte Suprema ha constituid­o otra prueba del poder político de Temer, un mandatario con una casi nula popularida­d, pero apoyo clave en las cámaras.

Gracias a ese poder parlamenta­rio, Temer logró aprobar impopulare­s medidas económicas y avanza en proyectos de reforma del régimen de jubilacion­es y de las leyes laborales resistidos por sindicatos, pero aplaudidos por empresario­s.

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