Las causas por choques fatales casi nunca llegan a juicio
En Córdoba hay unos 360 casos por año, pero apenas una decena va a debate. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan años sin que avancen los procesos.
Se calcula que son unas 360 las causas judiciales por siniestros viales con víctimas fatales que llegan a los Tribunales cordobeses cada año. Sin embargo, apenas una decena de ellos llega a juicio, lo que hace que algunas familias pasen años a la espera de un proceso que nunca llega. Los datos son del Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales.
Lo que ocurre es que las cámaras dan prioridad a aquellos casos con personas en prisión preventiva, y el resto se va acumulando.
Esto quedó en evidencia cuando ocurrió el crimen de Emanuel Balbo en el Kempes: el hermano del joven murió atropellado en una picada en 2012, y el supuesto autor estaba en la cancha, a la espera del juicio.
“La idea es interpelar a los poderes públicos sobre la problemática y tratar de que se deje de hablar de accidentes de tránsito y se conciba a este fenómeno como delitos viales”, sostienen la presidenta y el asesor legal del Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales Córdoba.
La titular de la entidad es la psicóloga Marcela Alfaro, quien en 2010 perdió a su hijo Javier Fernández Alfaro, de 20 años, en un siniestro vial.
A partir de su acción y de la del foro se llegó a juicio, y el responsable fue condenado a tres años de prisión efectiva.
Sobre la definición de “accidente” o “delito”, Alfaro sostiene que “psicológicamente el término ‘accidente’ hace que estos hechos se naturalicen o se esté predispuesto a que es algo que le pasa a cualquiera, algo fortuito o azaroso”.
La idea de “delito” se adapta a la responsabilidad que tiene toda persona al volante y a la respuesta que debe dar por sus actos.
“Definamos que es un delito tipificado por el Código Penal, que no necesariamente tiene una pena condicional, sino que hay casos en lo que se llega a una condena efectiva”, señala el abogado Rubén Stiberman, especialista en daños, asesor legal honorario y miembro del foro.
Ambos coinciden en que “no se trata de una búsqueda de venganza”.
En ese punto, Alfaro indica que “la justicia pacifica, alivia, ayuda a saber la verdad y a conocer las responsabilidades” en este tipo de siniestros.
Stiberman entiende que “en la idea de delito, el castigo forma parte de lo que la sociedad espera frente a conductas reprochables”.
Se trata de una “respuesta ética del Poder Judicial y la única forma de dar un mensaje social de que quien transgrede las normas recibe un castigo”.
Flagelo sin control
Los dirigentes del foro advierten de que hay unos 360 muertos por año en la provincia en este tipo de siniestros viales que pueden dar comienzo a una causa judicial, según lo indica el único instrumento que contabiliza esta forma de morir, el relevamiento permanente de La Voz.
En realidad, el último informe anual de este diario marcó que en 2016 en toda la provincia de Córdoba la inseguridad vial se cobró 393 vidas.
No obstante, desde el foro señalan que no todos los siniestros necesariamente involucran a algún imputado. Por eso, la cifra judicial se reduce a 360 casos.
Si se aspira a que los delitos tengan su reproche en la Justicia, la idea que tienen en el foro es que se incremente el número de causas judiciales que llegan a juicio y que reciben sentencia.
Sin embargo, sobre esos 360 casos (algunos de los cuales suman más de una víctima), por año llegan a debate menos de una decena de expedientes. Un porcentaje mucho más que bajo.
Stiberman dice que desde la Justicia no se contribuye a aumentar ese número de debates orales, teniendo en cuenta que hasta hace unos años había en la capital cordobesa seis juzgados correccionales y ahora se cerraron todos esos tribunales.
Los expedientes –cuyo 90 por ciento son juicios por siniestros automovilísticos– fueron derivados a las cámaras del Crimen, pero el abogado afirma que los propios vocales dijeron que hay un “colapso”.
Como la mayoría de estas causas no tiene presos, en Tribunales 2 no llegan a juicio, ya que las cámaras dan prioridad a aquellos casos con personas en prisión preventiva.
La preocupación de los familiares de las víctimas de tránsito es que no avanzan sus procesos y esperan años y años la llegada del juicio y del castigo a los responsables.
Esta demora quedó en evidencia cuando ocurrió el crimen de Emanuel Balbo (22) en la tribuna del estadio Kempes, en medio del partido de fútbol entre Belgrano y Talleres. Fue entonces cuando la opinión pública conoció que en la cancha habían discutido Balbo y Oscar “Sapito” Gómez (36), quien en libertad esperaba ser juzgado por una presunta “picada” callejera ocurrida el 25 de noviembre de 2012 que se cobró la vida de un hermano de Emanuel, Agustín (14).
Pese al largo tiempo transcurrido, casi cinco años y medio, la fecha para el juicio se había fijado recién en la primera semana de abril de este año. Se espera que las audiencias comiencen el próximo 29 de este mes.
Según manifiesta Alfaro, en el interior de la provincia la situación es peor, porque el número de juicios es ínfimo o inexistente.
Esos Tribunales terminan por cerrar las causas en juicios abreviados o con probation, sin que los familiares de las víctimas alcancen una respuesta que los satisfaga.
Prevención
Además de recorrer semanalmente las cámaras y las fiscalías de Tribunales 2 para que se agilicen los procesos, los miembros del foro realizan tareas educativas y de prevención.
Llevan a cabo programas en escuelas, hacen intervenciones comunitarias y acompañan a vecinos en protestas cuando reclaman acciones para evitar siniestros viales.
Hace poco estuvieron presentes en la ruta 5, en barrio Universitario de la ciudad de Córdoba, camino a Alta Gracia, donde los vecinos reclamaban una pasarela peatonal para evitar que arrollen a los más pequeños.
Entre uno y otro corte de ruta, lejos de lograr respuesta de las autoridades y del concesionario del peaje, se produjeron otras dos víctimas fatales.
Una de las intervenciones interesantes es la que se hace en diferentes regiones, con talleres para jóvenes. La consigna es que reflexionen sobre las “formas de transitar” en cada región o en cada localidad.
Entre las ideas está la de sumar a las normas determinadas herramientas para que se valore la vida propia y la del semejante. “Se debe entender que el otro es un semejante y se lo tiene que cuidar como a uno mismo”, sostiene Alfaro.
Observatorio vial
Otra de las aspiraciones del foro es que se cree un observatorio vial para poder determinar todos los hechos que ocurren y sus particularidades, las “zonas rojas” y cómo evitar los peligros, con el objetivo de tomar medidas preventivas.
Además de elogiar al único instrumento de medición que elabora La Voz hace varios años,
Alfaro y Stiberman señalan que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dan la espalda a estas iniciativas.
La necesidad de recursos y un presupuesto para este observatorio precisa aportes que el foro no dispone, según advierten sus integrantes.
Los directivos indican que “el índice de mortalidad es gravísimo” y que “las sociedades más avanzadas han logrado reducir la mortalidad y la siniestralidad a través de políticas públicas adecuadas, con prevención, educación, sanción y control”.
Al respecto, destacaron el caso de “España, que logró reducir la mortalidad de siete mil víctimas anuales, cifra similar a la de Argentina, a 700”.
Entre otras premisas, los dos miembros del foro indican que deben cambiarse algunas ideas vigentes, como que no se debe aceptar que “alguien que está alcoholizado pueda estar al mando de un vehículo” y que “quien mata (al volante) sea inhabilitado para conducir”.
Stiberman lamentó que un organismo que supuestamente está creado para evitar la siniestralidad vial, como la Policía Caminera, “se dedique nada más que a recaudar fondos”.