¿Nos “falló” la Corte Suprema de Justicia?
En una época en la que todo parece funcionar mal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia aplicando el beneficio del 2x1 a uno de los tantos represores condenados por crímenes de terrorismo de Estado.
Apenas conocido el fallo, aparecieron las críticas de casi todos los estamentos de la sociedad. Casi al mismo tiempo, los tres jueces que conformaron el voto mayoritario fueron imputados por el delito de prevaricato y el Congreso –en tiempo récord y por unanimidad– sancionó la ley que limita la aplicación del beneficio a los responsables por delitos de lesa humanidad.
Nos toca vivir épocas difíciles. Los que nos tienen que cuidar no lo hacen, y quienes nos gobiernan se corrompen. Ahora el frente de la tormenta está puesto “en quienes nos juzgan”.
Causan estupor los casos de religiosos envueltos en delitos varios: las religiosas de General Rodríguez y José López; curas y monjas del colegio Próvolo; Julio César Grassi, etcétera.
Los casos de corrupción no son una excepción. La corrupción en la Argentina no es nueva, sino que se enquistó desde la colonización española y parece que desde allí nos viene acompañando.
Domingo Faustino Sarmiento denunció a Bartolomé Mitre por corrupto, durante su presidencia (1862-1868); la crisis de 1890 sacó a la luz la corrupción escandalosa de Miguel Juárez Celman (18861890). En 1929, durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, Roberto Arlt publicó en el diario El Mundo un artículo titulado “Su majestad, la coima”.
Después vino la Década Infame (1930-1943), en la que Lisandro de la Torre se hizo célebre por sus denuncias, ganándose el mote del fiscal de la patria. En 1953, Juan Domingo Perón se vio involucrado en denuncias por negociados en el comercio de la carne. En 1990, Swift denunció a Carlos Menem por “coimero”. Este expresidente fue condenado por contrabando agravado. En 2000, Fernando de la Rúa fue denunciado por las coimas al Congreso a fin de que votaran la reforma laboral.
Más acá en el tiempo: Ricardo Jaime, Felisa Miceli, Amado Boudou, Néstor Kirchner, José López, Lázaro Báez; Panamá Papers, Gustavo Arribas y Odebrecht, Correo Argentino; adquisición de armamento a Estados Unidos, etcétera. En Córdoba, escándalos con Kolektor, Odebrecht, Camino del Cuadrado, CBI Cordubensis, etcétera.
La Policía, que debiera estar para cuidarnos, aparece involucrada en casos de robos, secues- tros, narcotráfico, etcétera.
Llegado el momento de analizar a la Corte Suprema en la causa “Muiña”, pese a todas las críticas que venimos escuchando, desde mi punto de vista la sentencia es correcta. Se basa no sólo en el Código Penal argentino, sino también en el Estatuto de Roma y en diversos tratados en materia de derechos humanos.
El legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad. Es más, la normativa que acaba de sancionarse, excluyendo del cómputo del 2x1 a estos crímenes, es inaplicable, al ser “ley más gravosa”. Todo lo demás es simple politiquería.
Ello no implica soslayar que la Corte nacional raramente llegó a cubrir nuestras expectativas y necesidades ciudadanas. Nuestra situación es más grave desde febrero, cuando se dictó sentencia en la causa “Fontevecchia”, negando el control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de entonces, nuestro tribunal cimero pasó a ser un “guardián sin custodio”.
En lo personal, me resulta aborrecible que los criminales que sembraron el terror en el país se beneficien con una ley dictada en 1994 y derogada en 2001. Hace ya 16 años.
Sin embargo, como profesional y docente, no me queda más remedio que sostener la constitucionalidad de esta sentencia y concluir que la imputación por prevaricato formulada en contra de los jueces que la votaron de modo favorable es una barbaridad jurídica.
Lamento mucho las expresiones hechas públicas por parte de Eugenio Zaffaroni, con quien durante muchos años nos unió una fructífera labor científica; pero sus afirmaciones sobre la “errónea aplicación de la ley penal” en esta causa son muy poco serias. No tienen apoyo legal ni doctrinario alguno.
Pero más lamento que en plena reforma constitucional, la de la re-reelección, cuando todavía estábamos padeciendo las consecuencias del terrorismo de Estado, nuestros legisladores hayan sancionado la ley del 2x1, que, aunque nos repugne en lo más hondo, permitirá que los genocidas que tanto dolor nos causaron comiencen a gozar de los beneficios de vivir en libertad, que les fueron negados a sus víctimas.
* Abogado
COMO PROFESIONAL Y DOCENTE, NO ME QUEDA MáS REMEDIO QUE SOSTENER LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA SENTENCIA.