Damnificados sin respuestas
Los damnificados por catástrofes de diversa naturaleza parecen condenados a padecer por años los efectos negativos de esos episodios, no sólo por las secuelas físicas y psicológicas que puedan arrastrar, sino también por la parsimonia del Estado en la tarea de remediar lo perdido, en particular viviendas y bienes personales.
Se trata de fenómenos que dejaron centenares de víctimas ajenas a los sucesos desencadenados por la imprudencia o la acción temeraria y culposa de terceros.
Como botón de muestra, es oportuno poner en foco dos hechos de características completamente disímiles, pero que tienen por igual a muchos vecinos peregrinando para que el Estado les compense lo que otros destruyeron: la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, y la explosión del 6 de noviembre de 2014 en un depósito de la firma química Raponi, ubicada en el barrio de Alta Córdoba de la capital provincial.
Es insostenible que a casi 22 años de la tragedia en Río Tercero (que dejó como saldo siete muertos, decenas de heridos y barrios enteros en ruinas), unos 12 mil demandantes contra el Estado nacional sigan a merced de los insondables vericuetos burocráticos políticos y judiciales que demoran el pago de los resarcimientos.
Una ley del Congreso nacional aprobada en 2015 (durante la gestión de Cristina Fernández) fijaba los montos y la modalidad de pago de las indemnizaciones, pero ese instrumento legal nunca fue reglamentado por el Poder Ejecutivo y quedó en una suerte de letra muerta.
Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba le acaba de ordenar al Gobierno nacional que en un plazo de 60 días dé curso a la reglamentación de la referida ley. Como dato aleatorio, cabe agregar que se trata de damnificados por una deflagración intencional para ocultar la venta ilegal de armas que se operó entre 1991 y 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, según quedó probado en el juicio que se desarrolló en Córdoba y que terminó con condenas a cuatro oficiales del Ejército.
El otro caso es la situación de indefensión de muchos vecinos de Alta Córdoba por la explosión del depósito químico y tiene que ver con el incumplimiento de la Municipalidad de Córdoba de la promesa de reconstruir las viviendas que fueron arrasadas por la onda expansiva. Además de decenas de casas destruidas, unos 130 inmuebles quedaron con severos daños estructurales.
El paso del tiempo parece conspirar contra las urgencias, mientras que las promesas altisonantes que se hicieron al cabo de cada hecho desgraciado siguen sin cumplirse.
El Estado tiene una cuenta pendiente con estos dos sucesos que afectaron a centenares de ciudadanos.