Tras el fallo del TSJ, más incertidumbre sobre el destino de la basura
El Tribunal Superior de Justicia ayer ratificó la cautelar que le impide a Cormecor iniciar las obras en Villa Parque Santa Ana. El actual enterramiento está al borde del colapso y 20 municipios carecen de alternativa.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió ayer que el complejo ambiental que la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba SA (Cormecor) planea en el predio de Villa Parque Santa Ana seguirá paralizado y crece el conflicto en torno al futuro de la basura de la ciudad de Córdoba y de los 20 municipios que la rodean.
El Alto Cuerpo, por unanimidad, ratificó parcialmente la medida cautelar presentada por un propietario vecino al predio de Cormecor, y envió la causa a la Cámara Contencioso Administrativa para que emita una “pronta resolución” en la cuestión de fondo. Es decir, que determine si el proyecto cumple con todos los requisitos de la Ley Provincial de Ambiente para su autorización y puesta en marcha.
El TSJ determinó que Cormecor debe “abstenerse de emprender obras civiles que impliquen la ejecución del proyecto” vinculado con la instalación de la planta de tratamiento de residuos en el predio situado entre la ruta nacional 36 y la ruta provincial 5. Además, dispuso que no puede “dictar actos administrativos que pudieran consolidar situaciones jurídico subjetivas de terceros susceptibles de verse luego afectadas conforme la resolución de la causa sobre el fondo del asunto”.
En otras palabras, vetó también el avance de la licitación que Cormecor se disponía a adjudicar, a los efectos de contratar a una empresa para la construcción del complejo ambiental.
El fallo llegó días después de que –para presionar al Tribunal Superior– la empresa Crese notificara a todos los municipios del Gran Córdoba que a partir del 1° de agosto no podrán enterrar más residuos en el predio de Piedras Blancas, ya que ese enterramiento se encuentra al borde de su capacidad.
Tras la resolución judicial, queda claro que ese establecimiento –que inicialmente se proyectó para operar sólo por un año y ya lleva siete años recibiendo basura– sigue siendo la única opción que la Capital y los 20 municipios del Gran Córdoba tienen para la disposición final de sus residuos domiciliarios.
Plazo fatal
No obstante, ayer Norberto Bergami, presidente de la empresa Crese –que pertenece a la ciudad de Córdoba– ratificó la decisión de impedir el ingreso de la basura de todos los 20 municipios del Gran Córdoba desde agosto.
La incertidumbre es mayúscula entre los intendentes del área metropolitana, que evalúan qué hacer y adoptarán una decisión conjunta la semana próxima. La alternativa que cobra fuerza es un pedido a la Provincia para que contribuya en la inversión que hace falta para ampliar la capacidad de Piedras Blancas.
Desde Cormecor, se vislumbra la misma posibilidad como solución de corto plazo.
El vicepresidente de la sociedad intermunicipal, Marcelo Ambroggio, consideró que el fallo del Tribunal Superior “en especial cuestiona la actuación de la Secretaría de Ambiente de la Provincia” y que una opción posible es “seguir estirando la vida útil de Piedra Blanca hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la Justicia o que la Provincia expropie 500 hectáreas junto a ese predio y el complejo ambiental se haga en ese predio”.
En cualquier caso, se trata de alternativas que también requieren estudios ambientales y gestiones administrativas complejas, que demandan tiempo.
En el corto plazo, y en especial tras el fallo de ayer, todo es incertidumbre en torno a la basura. En especial para las 20 localidades que en 70 días se quedarán sin destino para el enterramiento de sus residuos.