La Justicia o la calle
La Municipalidad de Córdoba difundió los sueldos de sus empleados, sin considerar antigüedad, horas extras ni otros conceptos que los aumentan de forma considerable. El gremio de empleados municipales (Suoem) respondió con amenazantes declaraciones de su secretario general, Rubén Daniele, más un plan de asambleas que, en la práctica, volverán a resentir el funcionamiento de la administración.
Este particular conflicto debe ser analizado en sintonía con la reacción del sindicato de Luz y Fuerza frente a la difusión de los sueldos de los empleados de Epec que hizo este diario hace pocos días. Luego de esa publicación, dicho sindicato pretendió que la Justicia impidiera la divulgación de los haberes que perciben sus afiliados, pero el juez actuante sostuvo que los sueldos públicos son una cuestión de interés público.
En el caso de la Municipalidad de la capital, entonces, valen los mismos principios. “Nos vamos a ver en la Justicia y en la calle, porque la gente está muy caliente”, dijo Daniele. La presentación judicial, aclaró, se realizaría bajo el argumento de que la Municipalidad se extralimitó al dar a conocer la identidad de los empleados. He aquí la crucial diferencia entre el Suoem y el caso de Epec. En palabras del propio Daniele: “Tenemos todo el derecho de saber cuánto ganan, porque Epec es una empresa pública. Ahora, una cosa es que yo sepa cuánto ganan en cada franja, en cada escalafón y otra cosa es que sepa cuánto ganan con nombre, apellido y DNI”.
Pero el ciudadano común bien puede plantear que la transparencia del Estado debe comenzar por saber quiénes trabajan para él, en qué categoría y con qué retribución, del mismo modo que cualquier empleador –incluso una familia con personal que le ayuda en tareas domésticas– sabe el nombre y la retribución de quien le presta servicios. Después de todo, es el ciudadano quien afronta cada salario estatal, al cumplir con sus impuestos, y más de una vez se sorprende al descubrir centenares de “ñoquis” en las plantillas del Estado.
De todos modos, si la discusión está planteada en términos jurídicos, debe resolverse en el ámbito judicial. Ningún valor tiene su resolución en “la calle” ni la protesta que, anunció Daniele, los delegados definirían en los próximos días a través del mecanismo de las asambleas en horario laboral.
Si el titular del gremio de verdad no pretende presionar a las autoridades porque comparte el principio de que los ciudadanos tienen el derecho de saber cuánto ganan los empleados municipales pero interpreta que se ha cometido un delito en el mecanismo de difusión, entonces debería recurrir de forma exclusiva a la Justicia. Por el contrario, cualquier manifestación o quite de colaboración, dentro del ámbito municipal o en el espacio público de la ciudad, es índice de que se busca que las autoridades elegidas por los cordobeses den marcha atrás.