¿Qué hay de secreto en el sueldo de un estatal?
Inusitada reacción generó la decisión de la Municipalidad de Córdoba de transparentar la nómina de su personal y los salarios que percibe cada empleado, medida que ya respaldamos desde esta columna.
El gremio que representa a los trabajadores del municipio, Suoem, presentó ayer una denuncia penal contra el intendente Ramón Mestre y contra el secretario general, Daniel Arzani. ¿El argumento? Que los funcionarios habrían violado el inciso 2 del artículo 157 bis del Código Penal.
La norma prevé prisión de un mes a dos años para quien “ilegítimamente pro- porcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley”. Es la Justicia la que deberá resolver el planteo, más allá de las movilizaciones que el gremio anunció para forzar una interpretación a su favor y, de paso, para complicarles, una vez más, la vida a los ciudadanos que pagan esos mismos sueldos, cuya difusión pretende ser vedada.
¿Qué motivos hay para que sea secreto el listado de personal de un gobierno o de una repartición estatal? Cuesta apreciarlos desde el sentido común. ¿Puede ser reservado el nombre de quien accedió a un cargo que goza de estabilidad, cuyo costo es soportado por el resto de la sociedad y cuyos niveles de eficiencia son motivo de permanentes reclamos? Con el agravante de que la gran mayoría de los empleados obtuvieron el puesto sin concurso previo.
¿Acaso es el número de documento lo que debe mantenerse oculto, pese a que contribuye a precisar mejor la identidad del empleado y a evitar confusiones? ¿No estamos todos los ciudadanos incluidos en padrones electorales donde aparecen nuestro nombre y nuestro documento?
Todo parece indicar, entonces, que es la difusión del monto del salario lo que genera el malestar. Y es ese, precisamente, el punto que debería ser más transparente. Nadie tendría nada para objetar de un salario razonable, acorde con los servicios que brinda la Municipalidad y exento de todo privilegio.
Pero es claro que esa no es la realidad. Que el promedio salarial es elevado respecto del que percibe la gran mayoría de los contribuyentes. Que los sueldos son desmedidos si se los compara con cualquier indicador de eficiencia. Y que, más allá de los montos básicos difundidos por el municipio, ineficiencias, presiones y componendas terminan inflando los salarios de bolsillo a límites que al menos deberían estar sometidos a control ciudadano.
No hay razones, pues, para que el salario de un empleado estatal sea secreto o reservado. La transparencia republicana reclama un Estado abierto y ciudadanos que ejerzan su poder de control.