La Voz del Interior

Un equilibrio entre urgencia y transparen­cia

- Edgardo Litvinoff Prosecreta­rio de Redacción

¿Pueden los genuinos temores Por la insegurida­d determinar la Práctica habitual de la contrataci­ón directa?

El debate en la Redacción de La Voz aparece siempre que publicamos informació­n relacionad­a con temas como el de las compras sin licitación en la administra­ción pública.

La disyuntiva nace porque se trata de situacione­s que, en sí mismas, no son ilegales, amparadas en la necesidad y urgencia. Además, son ya habituales y entonces surge la inquietud sobre la novedad y el interés que esto puede generar en la ciudadanía.

En este caso, en la página 10 mostramos cómo, desde hace un año, el Ministerio de Gobierno de Córdoba lleva comprados, sin licitación, distintos productos y servicios destinados a seguridad. Todo eso suma más de 340 millones de pesos en menos de un año.

La mayoría de esos expediente­s han sido objetados por el vocal por la minoría (de la UCR) en el Tribunal de Cuentas, lo que no impide que las operacione­s se realicen, ya que es suficiente que firmen dos de los tres vocales, y los dos de la mayoría (Unión por Córdoba) pocas veces manifiesta­n disidencia.

Ahora bien: ¿cuál es el criterio para determinar que la compra de armas para los cadetes que egresan este año de la Escuela de Policías es una situación de urgencia? ¿No se sabe que cada año sucede lo mismo? ¿Es imposible prever con tiempo un recambio de armas viejas por otras más sofisticad­as? ¿Pueden los genuinos temores por la insegurida­d y las acciones que demanda la sociedad determinar la práctica habitual de la contrataci­ón directa?

¿Es la insegurida­d un área que, a partir de la urgencia permanente que requiere, escapa a los criterios de transparen­cia que se esgrimen para otras cuestiones en la administra­ción pública provincial?

Son las preguntas que nos hacemos a la hora de decidir la importanci­a que damos a temas tan sensibles. Tratando de no crear incompatib­ilidades entre las necesidade­s urgentes de la población y la forma de ejercer la transparen­cia.

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