Servicios sobrecargados
La llegada de los primeros fríos puso en el centro del debate el costo de los servicios que se pagan en la Argentina, cuyos valores estuvieron congelados durante años. El objetivo, claro, era que los gobiernos de turno obtuvieran un rédito electoral.
El uso indiscriminado de la energía eléctrica, el gas natural y los servicios de agua potable y cloacas generó una sensación de bienestar en amplios sectores de la población, que se financió con déficit público.
El pago por el costo real y por el nivel de consumo implica un cambio cultural en la Argentina, que no fue claramente explica- do por los distintos niveles de gestión.
Hay también un costado que el propio Estado puede contribuir a corregir, para disminuir su peso sobre el gasto total de un hogar. Los impuestos, las tasas y otros cargos que se cobran para allegar fondos a las obras que emprenden los distintos niveles oficiales encarecen en más del 20 por ciento el valor de cada factura, y en algunas prestaciones sobrepasa el 30 por ciento.
Esta carga pública sobre el costo de los servicios se disimulaba cuando el precio era casi inamovible, pues los distintos cargos se establecen en porcentajes. Cualquier modificación de la tarifa supone una mayor erogación en los millonarios fondos que se destinan a obras, cuyas rendiciones públicas son escasas o nulas.
También se incluye el cobro de tasas que en la realidad se convierten en impuestos para sostener otros gastos del Estado, pues la contraprestación en servicios es deficitaria y los emprendimientos prometidos tardan años en realizarse, tal como sucede con las cargas establecidas para cloacas.
La mayor responsabilidad para disminuir la presión tributaria corresponde al Estado nacional, que grava con el 21 por ciento de IVA a servicios que deberían tener un menor impacto de este tributo.
Tampoco es eludible la responsabilidad que tienen el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba. La autoridad provincial exige el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por prestaciones que también deberían contar con una carga mínima.
Y resultan inexplicables las imposiciones del municipio capitalino sobre servicios esenciales –electricidad, gas y agua–, en una gestión que no se caracteriza por la austeridad en los gastos.
La actual situación exige un manejo prudente de los recursos por parte de los diferentes niveles del Estado, lo que contribuiría a reducir el peso de impuestos y otras contribuciones de los usuarios.
Además de rendiciones de cuentas periódicas sobre el uso de las partidas, tales recursos deberían ser destinados a fondos fiduciarios, cuyos objetos sean el manejo de los gravámenes con fines específicos, sin desvíos o sospechas de mal uso, ineficiencia y corrupción.