Impuesto de sellos: una mochila con más carga
En el marco del análisis de una reforma tributaria que abarque a todos los estamentos estatales, el impuesto a los sellos aparece como un gravamen del cual poco se habla, pero que cada vez tiene mayor peso en las operaciones de personas y empresas.
Al tributo lo aplican las provincias a todo tipo de contratos o transacciones: desde el pago de una tarjeta de crédito (se desagrega en el resumen mensual) hasta la escritura de un inmueble, pasando por alquileres, inscripciones de vehículos, transacciones con granos, préstamos bancarios, seguros o formularios de adhesión a prepagas o televisión por cable, entre muchos otros.
En Córdoba hay operaciones que tienen montos fijos; otras pagan una alícuota que oscila entre el 0,6 por ciento y el 1,8 por ciento.
La aplicación de impuestos puede tener como justificación teórica la capacidad contributiva, la redistribución del ingreso o el incentivo o desincentivo a determinada actividad. En el caso de sellos, nada de esto se aplica.
Es un tributo que encarece las operaciones más diversas, de particulares y de empresas. Como es fácil de recaudar, su uso se fue multiplicando y sumando al costo impositivo argentino.
“El impuesto a los sellos es un impuesto retrógrado. Existe, básicamente, por un fin recaudatorio. No tiene lógica pagar un porcentaje del valor de una transacción”, dice Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Peso creciente
Según Iaraf, entre 2005 y 2015 este gravamen fue (detrás de Ingresos Brutos) el segundo en ritmo de crecimiento en la carga tributaria provincial. En esa década, la presión fiscal de sellos aumentó un 51 por ciento, por encima del Inmobiliario y del Automotor.
Para el consolidado de las 24 jurisdicciones, el impuesto de sellos representaba el 7,7 por ciento de la recaudación de impuestos provinciales en 2001, casi no varió hasta 2005 (7,9 por ciento), pero subió al 8,6 por ciento en 2015, señala el Iaraf.
En Córdoba, los últimos datos del Ministerio de Finanzas muestran que en 2015 aportó 9,3 por ciento de los tributos locales, y en 2016 superó el 10 por ciento de la recaudación cordobesa.
La discusión sobre la distribución de los tributos en el país apuntaría a concentrar en las provincias los gravámenes sobre la propiedad y a disminuir su importancia para la Nación (Bienes Personales está bajando su incidencia por alza del mínimo no imponible y baja de alícuotas). Es decir, el Inmobiliario y el Automotor deberían tender a ser la base de los recursos propios de las jurisdicciones locales.
Argañaraz, quien participó en el Ministerio de Economía durante la gestión de Alfonso Prat Gay, coincide con esta visión: “Se debería eliminar sellos sobre actividades que dinamicen la actividad económica, y concentrar la recaudación provincial sobre impuestos patrimoniales, lo que generaría una estructura tributaria más progresiva”.
El aporte de estos últimos es muy limitado. En 2015, en las 24 provincias, el Inmobiliario representó menos del siete por ciento, y el Automotor, el 5,4. En Córdoba, durante 2016, los porcentajes fueron de 11,6 por ciento y 3,2 por ciento, respectivamente.
Es decir, menos del 15 por ciento de la recaudación propia cordobesa es por impuestos patrimoniales (incluso más que en el promedio del país). Si la intención es modificar la composición en las provincias, hay un largo camino por delante.