El allanamiento más cantado de Tribunales 2
El martes último, por la siesta, fue intervenido por orden judicial el Juzgado de Control 7 de Esteban Díaz Olmos, como parte de los procedimientos que solicitó el fiscal Rubén Caro en el marco de la investigación que lleva adelante ante una denuncia del fiscal Enrique Gavier por supuesto cobro de coima para liberar a un preso.
Antes de ese “registro”, los pedidos de Caro rebotaron de un juez a otro, hasta que desde las más altas esferas sugirieron que uno de ellos tenía que firmar las órdenes.
Los jueces de Control que debían convalidar que se intervinieran las oficinas de un colega recibían la petición como “una brasa caliente” que no querían tener en sus manos.
Algunos de ellos reconocieron que los violentó esa situación, pero a la vez que el recorrido que tuvo el pedido de Caro fue excesivo.
Se presume que las órdenes de allanamiento deben salir desde el más absoluto sigilo. Pensar en eso con tantas manos que intervinieron resulta difícil.
Además de las oficinas de Díaz Olmos, se allanaron tres estudios jurídicos (de cuatro abogados) y el domicilio del imputado en la causa que originó este entredicho, José Bucheme, integrante de “la trenza” de los remates judiciales.
La pregunta es si las personas que debían ser allanadas fueron sorprendidas o si de algún modo alguna de ellas fue prevenida.
En el juzgado de Díaz Olmos se secuestraron computadoras y celulares, mientras que en el domicilio de Bucheme se incautaron, entre otros elementos, unos 200 mil pesos.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Judicial.
Hay que aclarar que, por un lado, está la causa que enfrentó a Gavier con Díaz Olmos y que terminó con la libertad de Bucheme –que había sido detenido por orden del fiscal–.
Por otro, está la denuncia del instructor, que cuestionó la forma en que el juez de Control dejó libre al imputado, incluyendo la afirmación de que lo hizo con el pago de una supuesta coima. A esto agregó escuchas telefónicas que sugerirían esta posibilidad.
Esta denuncia fue recibida por el fiscal Guillermo González, quien entendió que correspondía al fuero Anticorrupción, pero como el fiscal Hugo Amayusco tuvo una relación laboral con Gavier, se apartó.
De ahí bajó, aseguran que sin sorteo, a la fiscalía de Caro. Una vez que estudió la causa, este último quiso pedir allanamientos.
Le solicitó esas órdenes a la jueza Anahí Hampartzounian, pero la magistrada se inhibió, ya que entendió que el juez natural era Gustavo Hidalgo, por tratarse de un asunto del fuero Penal Económico y porque las causales de inhibición de los fiscales no arrastran al juez.
A su turno, Hidalgo se inhibió por haber trabajado con Gavier. En el Poder Judicial hay quienes objetan este apartamiento porque Gavier “no es parte” y quien podría traccionar el apartamiento es el denunciado.
El expediente volvió a los jueces de Control ordinarios, recayendo primero en Esteban Díaz Reyna (que reemplaza a Hidalgo cuando se inhibe), quien se apartó porque justo estaba cubriendo el mismo juzgado de su par Díaz Olmos (compensa feria).
Por esto, la causa recayó por sorteo en Juan Carlos Fernández López, quien se la devolvió a Díaz Reyna porque entendía que no correspondía su apartamiento.
Como subsistían los diferendos y nadie le respondía a Caro, mientras pasaban horas y días sin que se concreten los allanamientos, un elevado criterio sugirió que Díaz Reyna se hiciera cargo y firmara las órdenes.
La otra causa, la de Bucheme, sí lo tiene a Gustavo Hidalgo como juez de Control, quien ya tomó el expediente y respondió al pedido de Gavier para que el imputado vuelva a la cárcel.
Esa “aceptación” es para que en breve la Cámara de Acusación tome una decisión de fondo.
Pero resulta llamativo que el magistrado haya tomado la causa con Gavier “como parte” instructora, siendo que se había apartado en el otro expediente por haber tenido relación laboral.
Hay que tener en cuenta que a Enrique Gavier ahora le pidió el apartamiento su primo, el abogado Ernesto Gavier, quien se presentó solicitando ser el nuevo defensor de Bucheme.
En esa decisión también intervendría Hidalgo.
Ante esto, el querellante que litiga contra Bucheme, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, anticipó que recusó a Hidalgo porque “siempre se apartó con (Enrique) Gavier y cualquier decisión que tome va a ser una decisión frágil, porque tratándose de un juez parcial, sus decisiones pueden ser impugnadas por cualquiera de las partes”.
Durante Días, el peDiDo para “registrar” la oficina Del juez DenunciaDo por coimas rebotó en varios Despachos.