Los usuarios como rehenes
Miles de usuarios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba vuelven a padecer las consecuencias de una medida de acción directa dispuesta por los choferes del servicio, cuyas motivaciones son variadas, pero sobre todo están ancladas en una feroz interna sindical.
Es común que los servicios públicos esenciales para el desarrollo de las actividades de una comunidad sean una suerte de vía directa a la extorsión para lograr determinados objetivos.
Es el caso del transporte público en Córdoba, cruzado por las recurrentes asam- bleas o por huelgas brutales que paralizan sin aviso al sistema y transforman a los usuarios en rehenes.
El conflicto que detonó ayer, pero que se venía cocinando desde la semana pasada en medio de fuertes cruces entre los delegados y la intervención a la filial Córdoba de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se focaliza en el rechazo al acuerdo paritario nacional para la actividad, que fijó un aumento en los haberes del 21 por ciento.
Sin embargo, la verdadera motivación que muestra a enardecidos choferes agitando la disputa y dejando a los vecinos varados en medio del frío tiene que ver con la intención de dar por concluida la intervención al sindicato.
De hecho, en este entramado perverso juega de manera solapada la presión de los empresarios en vías de un aumento de la tarifa, una de las más caras del país y con una prestación que no llega a superar la mediocridad.
No deja de sorprender el escaso poder de reacción y de resolución de los organismos con responsabilidad de gestionar (y, también, de aplicar sanciones) cada vez que se escenifica este tipo de medidas de fuerza, entre ellos el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.
No alcanza con explicar –a la gente que no puede cumplir con sus tareas habituales– que el diferendo tiene que ver con “una interna gremial entre la UTA Córdoba y la UTA nacional”, como evaluó el secretario de Servicios Públicos del municipio, Julio Waisman, quien optó por pedir racionalidad a una facción descontrolada de choferes enredados en disturbios y agresiones a cronistas y a camarógrafos de distintos medios de comunicación.
Sería más digno asumir la responsabilidad de prestar un sistema de transporte eficiente y tomar los resguardos necesarios para garantizar la prestación cada vez que se agitan demandas de los choferes que, incluso cuando son nimias, derivan en una huelga.
Es inadmisible que los usuarios y contribuyentes sean siempre los perdedores de pujas ajenas que perturban la vida cotidiana, que es lo primero que el gremio y el Estado debería tener en cuenta.