La pelea por el taller escuela del Genaro Pérez llegó a Tribunales
1992, “podrían eventualmente configurar, prima facie, abuso de autoridad y/u omisión de los deberes de funcionarios públicos”.
El requerimiento ingresó el viernes último a las 12.30 y recayó en la Fiscalía del Distrito 1, Turno 2, a cargo de Guillermo González.
Lo promovió María Teresa Toniutti, secretaria de la AAMGP con el patrocinio del abogado Maximiliano García.
La presentación sorprendió al secretario de Cultura, Francisco Marchiaro. “El viernes a la tarde, mantuvimos una reunión con dirigentes de la AAMGP en la que participó la señora Toniutti y en ningún momento comentó que venía de presentar una denuncia penal”, comentó el funcionario. Marchiaro consideró a la denuncia como “un acto de mala fe”.
Ese mismo día, Cultura informó del encuentro en su sitio web. Publicó una nota en la que asegura que las partes “acordaron finalizar la relación convenida para la gestión del taller de restauración del museo municipal de bellas artes, ubicado en General Paz 33”.
La AAMGP desmintió “categóricamente cualquier tipo de acuerdo con la Secretaría de Cultura”. La paz está lejos En los antecedentes de la denuncia, Toniutti cita el convenio que, el 30 de octubre de 1992, firmaron el entonces intendente Rubén Martí y el presidente de la AAMGP Víctor Macagno. Dicho instrumento dispuso “la creación de un taller de restauración en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, ante la necesidad de conservar el patrimonio cultural de la ciudad de Córdoba”.
La demandante sostiene “que desde su creación hasta el presente, el Taller de Restauración ha sido administrado y gerenciado por la AAMGP, sin que ninguna otra norma, disposición o acto administrativo disponga lo contrario o lo deje sin efecto”.
En otro tramo, refiere que a mediados de marzo último, personal policial a cargo de la seguridad del museo le impidió el ingreso al taller a una vocal de la asociación que realiza tareas de restauración, argumentando que cumplía órdenes del director de Cultura y Patrimonios, Manuel Ortega.
Al respecto, Marchiaro justificó la decisión en la necesidad “de resguardar obras que fueron ingresadas al taller que administra la AAMGP para su restauración y no fueron aún devueltas a sus comitentes”. El funcionario aseguró que lo hizo a pedido de estos y especuló con que la tenencia de los cuadros en el laboratorio “podría representar algún tipo de delito” por parte de la entidad civil. Recalcó que hace ocho años que la organización civil abandonó la formación de restauradores.