La punta de un iceberg
Gabriela Estévez
Pensar que se trata de un problema aislado, circunscripto a un sindicato complejo o a la “prepotencia gremial”, como calificaron los medios al conflicto que mantiene en vilo a los cordobeses de a pie, es un análisis no ya simplista, sino además sesgado.
Y el sesgo –no exento de intencionalidad política– parte del propio intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, cuando apela a incorporar a su cruzada a los sufridos usuarios del pésimo servicio de transporte, el servicio público cuya responsabilidad de brindarlo es de la Municipalidad que él conduce. “Basta de poner a los vecinos de rehenes”, dijo con efusión, eludiendo su alta cuota de responsabilidad.
De lo que no se habla es de que el conflicto no puede escindirse de las políticas nacionales hacia los trabajadores, con techos en las discusiones paritarias, avances en los derechos laborales y proyectos de flexibilización. O lo que sintetiza todo eso: la reducción del costo laboral de las empresas vía disminución del salario por efecto de la inflación y de negociaciones paritarias a la baja.
El caso de la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba es paradigmático: un gremio que negolejos, cia a nivel nacional paritarias; la Seccional Córdoba intervenida; rechazo al acuerdo salarial que se considera insuficiente y firmado a espaldas de los trabajadores.
Que haya saltado en Córdoba no es novedad: la historia de luchas gremiales contra el centralismo y contra las políticas antipopulares debería hacer reflexionar a quienes se empecinan en tensar la cuerda. En Córdoba se puso en cuestión la política laboral del Gobierno nacional.
El poder político de Córdoba, tanto el provincial como el municipal, quedó rehén de la administración de Cambiemos a nivel nacional. Como nunca antes, deben salir a bancar los trapos a los lineamientos políticos y económicos que bajan desde la Capital. En el caso de la Municipalidad, es lamentable que la respuesta al conflicto haya sido fomentar el enfrentamiento entre trabajadores.
La medida marketinera de habilitar a taxis y remises para llevar pasajeros por 15 pesos es vergonzosa. Absurdo intento por quebrar la huelga y enfrentar a pobres contra pobres.
Porque está lejos el intendente de avanzar en la solución de fondo del conflicto (en el que no está ausente el deficiente servicio, por falta de unidades y frecuencias que no se ajustan a los pliegos, o el costo del pasaje para el usuario, el más caro del país; y ni qué hablar de los negociados con las concesionarias, un tema que plantearon los delegados que encabezan la huelga pero que nadie reprodujo. Aún no se explicó qué fue de Autobuses Santa Fe y cómo apareció de repente otra empresa llamada Autobuses Córdoba).
Ya la Municipalidad, con sus empleados afiliados al Suoem, había embestido con fuerza en la misma línea: poner a la población en contra de los trabajadores por sus sueldos.
La ilegal publicidad de la lista de empleados, que incluyó sus datos personales, se hizo previo a un decreto de Mauricio Macri en el que habilita el procedimiento de Mestre, de manera idéntica, para todos los agentes públicos que dependen del Estado nacional.
Tampoco será casual que los conflictos que involucran a trabajadores cordobeses correspondan a dos gremios que, históricamente, mostraron una fuerte decisión de defender sus salarios y de resistir todo intento por quitarles los derechos adquiridos.
Estalló en Córdoba. ¿Es premonitorio? Lo desconozco, pero la profundización de políticas de ajuste, según cualquier manual, lleva al estallido, en el sector menos esperado y aun cuando parezca todo controlado. * Diputada nacional