Cambios para agilizar el proceso penal
La Legislatura aprobó una reforma parcial que comenzará a regir en breve. Acortar los plazos procesales es uno de los objetivos. El Ministerio Público Fiscal podrá priorizar las causas de mayor trascendencia social.
Ala espera de una reformulación integral, una nueva reforma parcial del Código Procesal Penal (ley 8.123) fue aprobada mayoritariamente por la Legislatura provincial hace dos semanas y ahora espera su aplicación en la Justicia.
Impulsada por el Ejecutivo, los cambios introducidos apuntan a dar respuestas efectivas a un servicio de Justicia que muestra falencias de fondo desde hace años.
Entre los puntos salientes de los cambios se destaca la implementación del criterio de oportunidad o disponibilidad para la ejecución de la acción penal, que procura una mejor utilización de los recursos, con prioridad en las causas de mayor trascendencia social.
Además, hay esfuerzos por dotar de mayor celeridad y cercanía a los procesos mediante la inclusión de una mayor utilización de la audiencia oral.
Vinculado con lo anterior, a partir de ahora la prisión preventiva dejará de ser dictada por los fiscales. En cambio, esa decisión quedará en manos del juez de Control, quien deberá celebrar una audiencia de la que participarán todas las partes.
La reforma también hace realidad una vieja demanda de los abogados al llevar a días hábiles –dejan de computarse como corridos– los plazos para interponer algún tipo de recurso judicial. Descongestión judicial
“Es de trascendencia que las reformas procesales tiendan, también, a la solución de los conflictos penales. Hay muchos casos en los cuales puede no haber trascendencia social en el delito cometido y en donde lo que queda como más relevante es el interés de la víctima, que es el interés primario que hay que satisfacer”, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, al defender los cambios introducidos.
El funcionario recordó que la reforma respecto del criterio de oportunidad era una deuda del sistema procesal penal de Córdoba, ya que no ha sido reglamentado aún el artículo 59 del Código Penal.
Entre los beneficios que traerán estos cambios, el funcionario destacó: “Se podrán redistribuir mejor los recursos humanos y técnicos a casos que tengan trascendencia social o mayor complejidad. Esto apunta a una mayor optimización de los recursos. Ayudará a descongestionar el sistema judicial”.
En cuanto a las audiencias, destacó que la implementación de una mayor oralidad en el proceso “acercará al juez con las partes”.
Puntualmente, el principio de oportunidad o de disponibilidad de la acción penal es la atribución que tienen los órganos encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en diversas razones de política criminal y procesal, de no iniciar la acción pública, de suspender provisoriamente la acción iniciada, de delimitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias para perseguir y castigar.
A partir de ahora, el nuevo artículo 13 bis del Código habilita al fiscal de Instrucción a prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública.
También a limitar a algunas de las personas que intervinieron en los hechos en casos como los siguientes: cuando se trate de un hecho insignificante, cuando a la intervención del imputado correspondiera una pena de ejecución condicional, cuando exista conciliación entre la partes, cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena.
Queda excluido el criterio de oportunidad para casos en los que el autor del delito sea un funcionario público, cuando haya una afectación al interés público, cuando el imputado tenga antecedentes penales, cuando la pena que sufriría el imputado sea de ejecución efectiva (más de tres años de prisión), cuando se trata de hechos violatorios de los derechos humanos, cuando se trate de hechos de violencia de género, doméstica o discriminatoria o contra menores de edad. También cuando los delitos incluyan el accionar de una asociación ilícita.
La decisión que prescinda de la persecución penal determinará que el juez de Control, a instancias del fiscal de Instrucción, declare extinguida la acción pública. De todas maneras, si la víctima no está de acuerdo con esa decisión puede convertir la acción pública en privada y el proceso continúa.
Las reglas de disponibilidad de la acción penal fueron incorporadas en la reforma del Código Penal, la ley 27.147. Esa norma estipula que los criterios para la extinción de la acción penal pública deben ser reglamentados por las provincias, cosa que recién ahora se dio en Córdoba.
Los magistrados provinciales vienen planteando desde hace tiempo la necesidad de avanzar en ese sentido para que estos criterios no queden librados a la buena voluntad de los operadores judiciales.