Un primer paso hacia una reforma integral
Hemos incorporado cambios urgentes que estaba necesitando el sistema procesal cordobés, sentando, al mismo tiempo, las bases para una futura y mucho más amplia reforma, una reforma integral que ya se está discutiendo en el ámbito de una comisión de expertos que está conformada en el Ministerio de Justicia, en la que participan no solamente funcionarios del ministerio, sino también representantes de instituciones académicas, de universidades, de asociaciones de magistrados, entre otros.
Estos cambios permiten comenzar a adaptar nuestro sistema procesal hacia un esquema adversarial y oral decisivo para sentar un modelo de administración de Justicia que tenga mayor transparencia, eficacia y celeridad y que, a su vez, sea respetuoso de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución y en los más altos tratados de derechos humanos.
A partir de esta reforma, el Ministerio Público Fiscal contará con una herramienta útil para poder definir verdaderas prioridades en la persecución del delito. De esta manera se procura transparentar –a la vez de dar una respuesta jurídica– un fenómeno por todos conocido, que sucedía en los hechos informalmente, pero sin ninguna posibilidad de control en su legalidad.
El segundo eje está relacionado con mejorar el procedimiento penal ya vigente haciendo reformas tendientes a afianzar las garantías procesales, pero también en beneficio de otros principios, como son la celeridad, la oralidad y la inmediatez.
Por eso, uno de los cambios que se introduce es la ampliación del espectro del derecho de defensa de las personas sospechadas, ya que se les va a permitir ofrecer pruebas aún antes de cualquier imputación y la posibilidad de regular ciertas tareas auxiliares donde intervengan personas designadas por las partes para actuar como asistentes.
(*) Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.