Córdoba bajo la cultura del “todo vale”

Los cordobeses nos encontramos en la situación que, con la idea de la defensa de intereses legítimos de un sector minoritario, se afectan servicios públicos básicos con una impunidad absoluta, lo que deja expuesta la degradación que sistemáticamente sufren las instituciones.

Peticionar es sin duda un derecho básico de la democracia, pero no reviste el carácter absoluto. Por el contrario, tiene su límite en los derechos de incidencia colectiva que amparan a todos los ciudadanos, por encima de los intereses corporativos, cualquiera sea su tipo y naturaleza.

Estamos ante la actitud de un número reducido de personas que, esgrimiendo supuestos derechos gremiales, se extralimitan dejando de prestar un servicio público básico y esencial, que afecta no sólo a la economía cordobesa en general, sino especial y fundamentalmente a los sectores más relegados y desprotegidos, quienes están en una situación de indefensión absoluta que les impide ejercer derechos humanos básicos, tales como trabajo, salud, educación, etcétera.

La comunidad toda observa atónita la impunidad de aquellos que tienen como premisa “tomar la calle”. Los cordobeses priorizamos la pacífica convivencia ciudadana y el respeto a la ley, no necesitamos que utilicen nuestra ciudad como probeta de ensayo de mezquinas ambiciones políticas. No debemos, ni podemos convalidar la cultura del “todo vale”.

Nuestra sociedad necesita que se respete a rajatabla el orden jurídico establecido, y que la Justicia asuma el rol de hacer cumplir las leyes aplicando las sanciones que correspondan.

La situación amerita reflexionar profundamente sobre la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

Quienes los prestan deben entender que son servidores públicos y desde ningún concepto pueden abusarse de las necesidades del pueblo en su beneficio.