Hacia una política de largo plazo en infraestructura hídrica
En mayo de 2016, el presidente Mauricio Macri puso en marcha el Plan Nacional del Agua, para trabajar en cuatro ejes relacionados con ese recurso: garantizar 100 por ciento de agua potable y 75 por ciento de saneamiento; adaptar el territorio al cambio climático; generar nuevas áreas de riego, y concretar infraestructura de presas multipropósito.
Para el primer eje, la situación de nuestro país es inadmisible. Hoy dos de cada 10 argentinos no tienen garantizado el acceso al agua segura, casi la mitad de la población no tiene cloacas y menos del 20 por ciento de las aguas recolectadas son tratadas antes de su disposición final en el ambiente.
Como consecuencia de la falta de planificación y de inversión transparente en infraestructura, tenemos una realidad propia de un país atrasado, incluso en comparación con países vecinos.
Córdoba no escapa a esta realidad. Apenas un 39 por ciento de la población tiene acceso a cloacas, las plantas depuradoras están corío lapsadas y un alto porcentaje de los efluentes se vuelcan crudos de forma directa a cursos de agua, lo cual pone en riesgo la salud de las personas y la sustentabilidad ambiental.
Para revertir esta situación, ya hemos iniciado obras emblemáticas. Una de ellas es la de los colectores y la expansión de la planta depuradora Bajo Grande en Córdoba capital.
La ciudad cuenta hoy con 40 por ciento de cloacas y la planta colapsada contamina el río Suquía. Para entender la magnitud de esta obra de 3.200 millones de pesos de inversión, que beneficiará a más de 700 mil vecinos, debemos imaginarnos un gran subsuelo debajo de la ciudad, con más de 45 kilómetros de túneles más una ampliación de la capacidad de la planta depuradora actual.
Otra obra por destacar es la nueva planta depuradora de aguas residuales de Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia. Esta obra, ya iniciada, tiene una capacidad para 191 mil vecinos y reemplazará a la actual –una pequeña planta construida en 1929–, que hoy vuelca cerca del 80 por ciento de los líquidos cloacales al sin tratamiento.
Un segundo eje de trabajo muy activo es la adaptación del territorio a los extremos climáticos, con el fin de proteger la vida de las personas y sus bienes, y también los impactos de las inundaciones y las sequías.
Para ello, es necesario invertir en obras que adapten y preparen el territorio para disminuir los impactos negativos de la variabilidad y de los extremos climáticos. Pero también generar el marco institucional, especialmente a través de los comités de cuenca, para la implementación de políticas de uso del suelo y de medidas no estructurales, tales como planes de contingencia que complementen las obras estructurales.
Este mes se abrirán las ofertas de la licitación para readecuar el canal San Antonio luego de décadas de falta de inversión –la obra original fue completada en 1936.
Se trata de una canalización y readecuación de 160 kilómetros de extensión en la cuenca del Carcarañá, justo en el límite geográfico entre Córdoba y Santa Fe. Esta obra –con una inversión de 770 millones de pesos– beneficiará a más de 168 mil personas. Al mismo tiempo, disminuirá el impacto de inundaciones en 600 mil hectáreas altamente productivas del país.
Otro caso es la reciente licitación del postergado reservorio número tres aguas arriba de La Picasa, que se pondrá en marcha en breve.
Para prevenir
Además, estamos invirtiendo en la expansión de la red de radares de fabricación nacional, en el marco del proyecto Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame).
Esta tecnología, junto con las redes de medición de fenómenos meteorológicos que también deben expandirse, permitirá contar con sistemas de alerta temprana para tomar decisiones inteligentes y desarrollar políticas de adaptación al clima.
Hemos instalado ya cinco radares, uno de ellos en Córdoba capital, y continuaremos con seis más en los próximos meses.
Estas obras e iniciativas que resuelven problemas concretos de los argentinos sólo son posibles con diálogo y trabajo conjunto con los gobiernos provinciales y locales, dándoles relevancia a las instituciones pertinentes, como los comités de cuenca, de donde deben surgir acuerdos sobre políticas de Estado que excedan el corto plazo y las diferencias políticas.
Obras como las de Córdoba, Río Cuarto o el canal San Antonio son llevadas a cabo y cofinanciadas de manera conjunta entre la Nación y las provincias.
Estos ejemplos permiten afirmar que empezó una etapa de planificación e inversión a largo plazo para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. * Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación
es necesario invertir en obras que adapten y preparen el territorio para disminuir los impactos negativos de la variabilidad climática.