Una buena señal
El índice de precios al consumidor (IPC) mostró una suba de 1,3 por ciento en mayo último, con lo cual acumuló un incremento de 10,5 por ciento en los cinco primeros meses del año y de 24 por ciento en la medición interanual.
Esta es la primera vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde la inflación de los últimos 12 meses, dada la reconstrucción que afrontó el organismo tras los desmanejos de la gestión kirchnerista.
Si bien el relevamiento corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, la desaceleración en la suba de precios es notable, pues en abril el índice se había incrementado 2,6 por ciento. El 11 de julio próximo se difundirá el IPC nacional, recompuesto tras las manipulaciones verificadas durante la intervención que alentó Guillermo Moreno.
El IPC Congreso –un promedio de la medición de las consultoras privadas– aumentó 1,8 por ciento en mayo, con una suba de 25,2 por ciento en los últimos 12 meses. Las estadísticas de las provincias están mostrando una tendencia similar.
Para el mes próximo, la inflación interanual estará en el 21 por ciento, según adelantó el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Los funcionarios estiman que ese será también el número final del año.
Resulta una buena señal la desaceleración del proceso inflacionario, que sigue siendo la principal preocupación de los argentinos, de acuerdo con las encuestas de opinión. En años anteriores, los gastos de alimentación de una familia tipo representaban menos del 10 por ciento de los ingresos, una cifra que ahora registra un fuerte aumento en el presupuesto familiar, al igual que el costo de los servicios y el monto de los impuestos.
Las consultoras atribuyen a esos tres factores la caída en el consumo en supermercados y autoservicios. La baja en el consumo privado repercutió en los servicios y en comercios, que aún observan, en términos generales, una caída en relación con 2016.
Encaminar a la Argentina por una senda de baja inflación supondrá abordar cuestiones estructurales que hacen a la oferta y demanda. Sin embargo, la cuestión de fondo sigue siendo el déficit público, que alcanza valores muy altos y genera un endeudamiento elevado para las arcas oficiales.
Es la tarea que prometió encarar el Gobierno nacional una vez concluido el proceso electoral, que finalizará en octubre.
Salvados los gastos sociales y esenciales para el funcionamiento del Estado, la lupa de los funcionarios deberá concentrarse en la reducción de partidas superfluas.
El crecimiento del país necesita un Estado ágil, moderno y eficiente, que a su vez contribuirá a moderar –en forma definitiva– las presiones inflacionarias.