Cruzan datos para verificar las pensiones por invalidez
En la provincia, se canceló el 4% de los beneficios de pensiones no contributivas. Se trata de haberes de más de 4.300 pesos. Quedarán en esta condición las que no cumplan los requisitos, dice Desarrollo Social de la Nación.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación revisará todas las pensiones no contributivas que se pagan en el país, y que en su mayoría son pensiones por invalidez. Se trata de un cruce de datos que apunta a verificar si los beneficiarios de esos pagos cumplen en la actualidad con los requisitos que exige la ley para conservar ese aporte del Estado.
En la Provincia de Córdoba hay cerca de 100 mil beneficiarios de pensiones no contributivas. Según informó Marcelino Álvarez, coordinador del Centro de Referencia Córdoba de la cartera nacional, los cruces iniciales determinaron la suspensión de aproximadamente el cuatro por ciento de las pensiones no contributivas, es decir, unas cuatro mil.
El funcionario indicó que, de acuerdo con un decreto del año 1997, la revisión de las pensiones debe hacerse de manera periódica, ya que aunque se trata de beneficios vitalicios, lo son “en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento”.
En la actualidad, las pensiones no contributivas se limitan a tres categorías. Las masivas son las pensiones por invalidez, que se pagan a personas con discapacidad total o parcial –disminución del 76 por ciento o más– que les impide trabajar y que, además, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. En estos casos, los beneficiarios de la pensión cobran 4.319 pesos mensuales.
También perciben pensiones no contributivas quienes hayan sido trasplantados o estén en lista de espera del Incucai. En esta categoría, lo más determinante es la intervención y la certificación del organismo que coordina los trasplantes.
El tercer tipo de pensiones no contributivas son las que perciben las madres de siete hijos o más. En ese caso, el beneficio es de 6.500 pesos mensuales.
En todos los casos, ni el beneficiario ni su cónyuge pueden percibir jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Tampoco pueden tener empleo en relación de dependencia, ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia del solicitante ni de su grupo familiar. Esas son las exigencias que el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a revisar en los últimos meses.
Según explicó Álvarez, los motivos más frecuentes de suspensión de las pensiones son que el cónyuge cuente con un beneficio, que el grupo familiar supere los tres haberes mínimos o que el patrimonio familiar sea incompatible con la situación de vulnerabilidad social que se exige (más de un bien registral o autos nuevos).
La revisión de las pensiones llevará varios meses y consiste, básicamente, en cruces de datos con otros organismos públicos. En algunos casos, pueden ser revisados los certificados de discapacidad de los beneficiarios.
“Lo que se hace es controlar que se cumpla la ley. En ningún caso se dan de baja, sino que se suspenden hasta que el beneficiario actualice la información que genera incompatibilidad con el beneficio. Además, en todos los casos siguen teniendo la cobertura del programa Incluir Salud; y si el beneficiario acredita que cumple los requisitos, el beneficio se reactiva con retroactividad”, indicó Álvarez.
A nivel nacional, hay más de un millón de pensiones no contributivas otorgadas. Entre enero y junio habrían sido suspendidas más de 80 mil.