No pisotear a los que menos tienen

Después de un paro de transporte público ilegal e ilegítimo por nueve días, de trabajadores que están entre los mejores pagos de la provincia, muchas deberían ser las enseñanzas. No es la primera vez. Estamos acostumbrados. Pero ahora cruzaron la raya. No hay mal que por bien no venga, reza el dicho popular.

Por primera vez, un intendente cumple con el artículo 38 de la Carta Orgánica municipal y el artículo 42 de la Constitución Nacional: el Estado debe garantizar la prestación de los servicios públicos aunque sea parcialmente.

El plan de transporte alternativo funcionó porque la sociedad mayoritariamente lo apoyó a pesar de los inconvenientes, lo que les demostró a ciertos “personajes gremiales” que no eran imprescindibles y que la prepotencia tiene un límite.

Debemos trabajar para avanzar institucionalmente a nivel local, provincial y nacional. El derecho a huelga debe ser limitado cuando se trata de servicios públicos en general, más allá de que el empleador sea el Estado o empresas particulares, como sucede en Brasil o Colombia, por ejemplo.

Debería haber un preaviso de huelga mínimo de 72 horas, un plan para mantener las prestaciones básicas y severas sanciones para quienes no acaten una conciliación obligatoria, como por ejemplo no poder ser, en adelante, empleado en un servicio público.

Pero, ¿cuál fue la mayor enseñanza y ejemplo para políticos y dirigentes gremiales? La ciudadanía demostró que prefería seguir caminando y soportar serios inconvenientes como no poder concurrir al hospital, que su hijo no fuera al colegio o no poder hacer la changa del día antes que ver cómo el Estado “premia” a quienes irresponsablemente generaron este conflicto.

A pesar del doble discurso de la oposición en el Concejo Deliberante, a pesar de la falta de legislación, a pesar de una historia que nos condena, a pesar de la pobreza, pudo más la voluntad popular frente a la arbitrariedad de un sector.

Señores empresarios, señor gobernador, señor intendente, como decía Palacios, en política las acciones no son buenas o malas; son justas o injustas. Sería profundamente injusto que los que atropellaron el derecho a trabajar, a estudiar, a la salud, no tengan las sanciones legales que les corresponden porque eso significaría pisotear la dignidad de los ciudadanos, en especial la de los más damnificados en este conflicto, los que menos tienen.

¿Será este un punto de inflexión para que los ciudadanos tengan los servicios que merecen? Depende de todos nosotros seguir trabajando para lograrlo.

Sería injuSto que loS que atropellaron el derecho no tengan laS SancioneS legaleS que correSponden.