Los activos y pasivos de Sancor, ante la ley
Las cooperativas son empresas de la economía solidaria civil “sin intermediarios ni fines de lucro”, en las que las personas se reúnen con fines económicos u otros (aportar materia prima, trabajo, industrialización, distribución, luchar contra los abusos de empresas con posición dominante, etc.), con el propósito de realizar todos los actos cooperativos posibles y necesarios para el logro de su objeto estatutario.
Logrado o malogrado esto último, la cooperativa –salvo intervención judicial, concurso de acreedores o quiebra– deberá disolverse y liquidarse su capital conforme específicos parámetros legales.
El capital de la cooperativa Sancor se compone de activos y pasivos. En efecto, el capital cooperativo, como activo (patrimonio) o como pasivo (deuda).
Respecto del primero, es aportado por los asociados en dinero o mediante bienes determinados y susceptibles de ejecución forzada, para la adquisición de bienes (muebles, inmuebles, tecnología, logística, etc.) y servicios, indispensables para el establecimiento, funcionamiento, desarrollo y expansión cooperativos, conforme las previsiones estatutarias.
Respecto del segundo, entre otros ítems, consiste en los derechos y expectativas que le asisten a cada asociado, trabajador, proveedor y al Estado respecto de asegurar sus acreencias, como asimismo toda otra de legítimo abono. Más aún, respecto de los asociados sancoristas, así como tantísimas veces cooperaron en el incremento del capital de su cooperativa capitalizando sus excedentes, retornos e intereses (sin retirárselos ni llevárselos a su casa por décadas), ahora se les debería facilitar el reembolso de su capital aportado.
Eso nos obliga a debatir este problema para llegar a un compromiso noble, cabal y de elemental reciprocidad cooperativa, en el que, valorando las sucesivas y desinteresadas colocaciones y recolocaciones asociativas de las aportaciones como activo, se salvaguarde el correlato del derecho a retornos y reembolsos correspondientes, salvo bancarrota judicialmente declarada.
Esto se entiende si por un instante nos ponemos en la piel de las cooperativas primarias que, asociadas entre sí, parieron a Sancor, hoy sumergida en su crisis más profunda.
En la asamblea extraordinaria realizada en Sunchales el 30 de mayo, dicha cooperativa se habría excedido en sus facultades con un acto extraño y reñido con la ley y el propio objeto social cooperativo, al aprobar por unanimidad una reestructuración que incluiría venta de plantas e iniciar su reconversión.
Incluso también se aceptaría la (impropia e ilegal) injerencia que tendría en sus decisiones y manejos financieros futuros el fideicomiso (no es asociado) acordado con el Gobierno nacional, lo cual, de confirmarse, restringiría la inalienable autonomía cooperativa. Estaríamos entrando de lleno en un cooperativismo ilícito, toda vez que se habría admitido vender activos del capital cooperativo a terceros o socios ficcionados, con el eufemismo de “estratégicos”.
La ilicitud y antijuridicidad radican en que los activos, en tanto capital cooperativo, tienen una regulación jurídica específica: “Sólo pueden transferirse entre preexistentes cooperativas asociadas con acuerdo del consejo de administración” (artículo 24 del decreto 20.337/73).
Por último, un inaudito escenario cooperativo de esta índole implicaría ignorancia o podría caer en la ilegalidad, como en una atónita e hipotética conformación de una asociación ilícita calificada, la cual en tal caso deberá investigarse con máxima premura institucional.