Más dudas que certezas
Un fiscal provincial decidió archivar la causa por supuestas irregularidades en la construcción del Ansenuza Hotel Casino & Spa, en Miramar, junto a la laguna de Mar Chiquita, con fondos de la Lotería de Córdoba.
La obra fue impulsada por José Manuel de la Sota durante su último mandato como gobernador. Cuando se inauguró, las críticas apuntaron a una cuestión crucial: se habría gastado unos 400 millones de pesos, mucho más de lo que cuesta poner en funcionamiento un hotel de ese tipo.
Sin embargo, basándose en los estudios elaborados por peritos del Poder Judicial, el fiscal determinó que “no puede establecerse la comisión de delitos que ameriten la persecución penal”. Entonces, archivó la investigación.
La resolución no sólo siembra dudas, porque todos los análisis previos hacían imaginar el final contrario, sino porque además despertó sospechas el momento en que fue comunicada.
No parece ser casual –y así lo hicieron notar dirigentes de la oposición– que se haya desestimado la denuncia mientras la atención de la sociedad cordobesa estaba concentrada en el masivo paro de transporte urbano de la ciudad de Córdoba y el gobernador Juan Schiaretti se encontraba fuera del país. No falta quien interpreta que el plan fue diseñado por el Ministerio Público Fiscal.
Más allá de la certeza o intencionalidad de esas afirmaciones, ambas cuestiones vuelven a centrar la lupa sobre la Justicia provincial. Decíamos hace poco que esta debe gozar de máxima independencia para investigar la actuación de funcionarios del Estado. Cuando esto no es posible, al grave delito de la corrupción se le agrega el manto de la impunidad.
Pues bien, otra vez estamos ante una escena que lleva a la sociedad a dudar de la independencia de la Justicia. Al menos, sobre la seriedad con que se evalúan las pruebas y la celeridad con que se desestima toda denuncia que roce al poder político.
En paralelo a la investigación judicial ahora cerrada, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Colegio de Arquitectos iniciaron sus propios expedientes, y podría darse el caso de que estas entidades arribaran a resultados que contradigan al fiscal.
La Afip, al seguir los pasos de las empresas que prestaron servicios en la obra, habría detectado que los montos difundidos no concuerdan con los facturados.
El Tribunal de Conducta del Colegio de Arquitectos inició su propia investigación al descubrir que los aportes profesionales a la Caja equivalen a un contrato por casi 72 millones de pesos, lo que es apenas un cuarto del monto que figura en las planillas de la Lotería. Las dudas que despierta este fallo no son pocas. Tampoco son menores.