Doble ofensiva para limitar protestas en los servicios
La Legislatura aprobó la ley que regula los servicios esenciales en la provincia. Y el municipio intentará que se sancione hoy la consulta sobre la relación con los gremios.
Tras el paro de ómnibus de casi 10 días que conmovió a Córdoba, tanto el Gobierno provincial como el municipio capitalino afianzan su apuesta para limitar la realización de paros y otras medidas gremiales en ciertos casos. Por ejemplo, cuando se trata de servicios esenciales, como el transporte público de pasajeros.
Por un lado, la Legislatura de Córdoba aprobó ayer la ley que apunta a garantizar la prestación mínima de esos servicios. Crea una comisión que, ante una medida de acción directa, deberá analizar y disponer los pisos básicos de las prestaciones como, además del transporte, la recolección de residuos, la salud, la seguridad y la justicia.
Además, los gremios que realicen un paro deberán informar con cinco días de antelación la ejecución de medidas de fuerza.
El proyecto oficialista contó con gran apoyo opositor, aunque no con el de los sectores de izquierda ni con el del bloque K Córdoba Podemos, que argumentan que se limitará un derecho consagrado en la Constitución, como el derecho a huelga.
La norma tiene el aval de entidades comerciales y productivas de Córdoba, y el enfático rechazo del arco sindical.
Por otra parte, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, envió al Concejo Deliberante la iniciativa para convocar a una consulta popular a los vecinos de la Capital, para que se expresen con relación a cuatro ejes. El primero es si están de acuerdo con que las asambleas se realicen fuera del lugar y del horario de trabajo. El segundo pregunta por la difusión de información pública en el Portal de Gobierno Abierto (como los sueldos). El tercero indaga sobre el transporte urbano como servicio esencial (ya cubierto con la ley aprobada ayer en la Legislatura). Y el cuarto, sobre descentralización.