Amplio consenso para la ley provincial sobre los paros en servicios esenciales
El bloque oficialista y la mayoría de la oposición aprobaron la iniciativa que regula la prestación de guardias mínimas. Los K y la izquierda afirmaron que la norma es “inconstitucional” y que “ataca a los obreros”.
En lo que seguramente será una de las leyes provinciales de mayor impacto político del año, como se preveía, la Legislatura provincial aprobó ayer una ley que establece un régimen que apunta a garantizar la prestación mínima de los servicios esenciales, entre ellos, el transporte público de pasajeros.
Aprovechando la fragmentación gremial y la sensibilidad de buena parte de la sociedad, que se vio afectada por el paro de los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Poder Ejecutivo apuró un proyecto que, en la práctica, podría llegar a limitar el derecho de huelga consagrado por la Constitución Nacional.
Ese fue el punto central del rechazo que expusieron los sectores de izquierda y el bloque K de Córdoba Podemos.
La ley, que lleva el número 10.461, fue aprobada mayoritariamente. La votación nominal arrojó un resultado de 57 votos favorables contra cinco negativos.
Hubo ochos legisladores ausentes, entre ellos, los representantes del FIT, el FIT-PTS y pares del kirchnerismo, que rechazaron de manera contundente la iniciativa durante el inicio del debate.
Como participaron de las manifestaciones que realizaron los gremios en las cercanías de la Unicameral, no estuvieron en el recinto al momento de la votación.
Unión por Córdoba y el interbloque de Cambiemos –integrado por la UCR, el PRO y el Frente Cívico– respaldaron la flamante legislación. En el juecismo, Adolfo Somoza se diferenció votando en contra.
En tanto, Aurelio García Elorrio, de la bancada de Encuentro Vecinal, se opuso a la ley bajo el argumento de que no es competencia de la Legislatura.
En cambio, junto con otros legisladores, instaron a los parlamentarios cordobeses en el Congreso nacional a que traten iniciativas referidas a los servicios esenciales, algo que había fracasado en la víspera. Preaviso y sanciones
La flamante iniciativa crea una comisión técnica que será designada por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo. Este cuerpo será el encargado de evaluar y disponer, ante una medida de acción directa, los pisos mínimos de prestaciones para garantizar servicios esenciales como el transporte, la recolección de residuos, la prestación de salud, la seguridad y la justicia.
Además, los gremios que realicen un paro deberán informar con cinco días de anticipación la ejecución de medidas de fuerzas.
Quienes no respeten el preaviso y se niegan a prestar cupos mínimos de servicios podrán serán sancionados.
Los legisladores de extracción sindical como José Pihen, Ilda Bustos y Ricardo Vissani no participaron de la sesión para encabezar la columna de la CGT oficialista.
En tanto, Franco Saillen –hijo del líder del Surrbac, Mauricio Saillen– se abrazó con los recolectores en la esquina de Deán Funes y Vélez Sársfield.
En el recinto, Carlos Gutiérrez, líder de la bancada oficialista, rechazó de forma tajante que la ley sea inconstitucional. “Este proyecto está ajustado a la ley”, dijo, y le contestó a Martín Fresneda, quien le había enrostrado la decisión del peronismo de “votar en contra de los trabajadores”.
“El conflicto de la UTA demostró que el transporte es un servicio esencial”, dijo el schiarettista, quien rechazó que la medida vaya en contra de los trabajadores, tal como lo acusaron desde diversos sectores durante buena parte del debate.