Aval a la norma desde varios frentes
La ley provincial que fija un régimen de garantías para la prestación mínima de los servicios esenciales, aprobada ayer, recibió el aval constitucional y de las entidades comerciales y productivas de Córdoba, y el enfático rechazo de todo el arco sindical.
Guillermo Barrera Buteler, titular de la Cátedra de Derecho constitucional de la UNC, consideró que la Provincia tiene facultades para garantizar los servicios locales esenciales, aunque admitió que es un tema “opinable”. Señaló que “todos los derechos están consagrados en la Constitución, pero la Nación y la Provincia tienen facultades para establecer restricciones dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones, en las funciones esenciales del Estado o los servicios públicos esenciales de competencia local”.
Barrera Buteler dijo que, por lo que conoce, esta ley “no es la reglamentación del derecho del trabajo” y en tal sentido diferenció que la Provincia y la Municipalidad tienen “competencia sobre el derecho público local”.
Horacio Busso, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba –uno de los sectores más castigados por el paro de transporte–, expresó su “total apoyo” a la ley y recordó que la entidad ya había bregado a favor cuando se intentó aprobarla en 2014.
“No estoy en contra del derecho de huelga, pero no puede ser que 800 colectivos dejen sin trabajar a 500 mil cordobeses”, afirmó. Apuntó que también es fundamental que se sancione la ley nacional sobre los servicios esenciales y opinó que el Concejo Deliberante debería aprobar una declaración en igual sentido.
A su vez, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Gerardo Seidel, respaldó la ley y afirmó: “Evidentemente, no puede haber paros masivos; tiene que haber guardias mínimas, como sucede en cualquier país normal del mundo”.