Ancianos en riesgo
Las residencias geriátricas tienen como misión relevante dar amparo a los adultos mayores que, por distintas razones, ya no pueden recibir una atención integral y especializada en el seno hogareño.
Es una decisión difícil que deben tomar sus familiares en el entendimiento de que los ancianos pasen sus días en un ambiente adecuado, de contención, de calificada atención y, sobre todo, seguro.
Sin embargo, las estrictas normas legales que rigen para el desempeño de estas residencias son violentadas por la proliferación de geriátricos clandestinos regenteados por inescrupulosos e inexpertos en una temática tan delicada como es el cuidado de las personas adultas.
De hecho, las desviaciones hacia la clandestinidad fueron la causal de episodios que se cobraron la vida de adultos mayores expuestos a la imprevisión y a la asombrosa precariedad en la que operan algunas de estas instituciones.
Los antecedentes no son alentadores en la tarea por revertir una situación preocupante: según informes oficiales, en la provincia de Córdoba funcionan 361 geriátricos habilitados y se estima que unos 140 lo hacen de manera ilegal.
La cara trágica de este sistema perverso queda reflejada en los hechos ocurridos durante los últimos seis años y medio. En ese lapso, se incendiaron cuatro geriátricos en la ciudad de Córdoba. Tres de ellos eran clandestinos. Si se suman los episodios desgraciados registrados en toda la provincia en ese tiempo, se llega a la cifra de 13 mayores fallecidos a raíz de distintas fallas de infraestructura en los hogares.
Las dos últimas víctimas, de 81 y 87 años, residían en el geriátrico Mi Sueño, ubicado en el barrio Silvano Funes, de la capital provincial, que el 2 del corriente fue escenario de un incendio originado por deficiencias en un caloventor.
Resulta tan irreverente la conducta de algunos infractores que no trepidan en colocar un cartel frente al inmueble que ofrecen como residencia para adultos, sin ningún tipo de control ni garantías de res ponsabilidad en lo que hacen.
Es oportuno señalar que no todo se desenvuelve en el barro de la clandestinidad. Las irregularidades en algunos casos son atribuibles tanto a empresarios deshonestos como a los funcionarios públicos que deben controlar, habilitar o eventualmente clausurar los geriátricos.
Esta situación se desprende de la imputación judicial que pesa sobre un funcionario del área de Salud de la Provincia por haber habilitado la referida residencia Mis Sueños, pese a las recomendaciones en contrario de los inspectores.
La prevención de los propios familiares y el estricto control de los organismos pertinentes contribuirán a que algunos geriátricos no operen como depósitos de abuelos.