La Voz del Interior

Restablece­n pensiones e investigar­án casos dudosos

Desarrollo Social analiza los casos de parajes y comunas de departamen­tos del norte donde la mayoría cobra pensiones. En Guanaco Muerto, el 80% es discapacit­ado. La Rinconada y Eufrasio Loza, con cifras similares.

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Guanaco Muerto, el pueblo cordobés del departamen­to Cruz del Eje, ayer fue el ejemplo nacional de las supuestas anomalías que rodean al otorgamien­to de las pensiones no contributi­vas por invalidez: la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, denunció que “el 120 por ciento de la población” de esa localidad cobra pensiones.

El absurdo se explica porque en esa comuna existen 480 pensionado­s por invalidez, cuando el Censo 2010 registró apenas 320 habitantes. Luego se aclaró que los datos del último censo no son correctos, y que la proporción de pensionado­s oscilaría entre el 70 y el 80 por ciento. La cifra igual es exagerada: a nivel nacional, se estima que el 2,5 por ciento de la población total cobra estas pensiones mensuales de casi 4.400 pesos. Y ese porcentaje resulta altísimo a nivel internacio­nal.

Ayer el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dio marcha atrás con la suspensión de más de 80 mil pensiones no contributi­vas en todo el país –en Córdoba, unas cuatro mil– y anunció la restitució­n de los beneficios por discapacid­ad suspendido­s y el análisis “caso por caso” para determinar si correspond­e la pensión.

No obstante, lo que ocurre en varios pueblos del norte de Córdoba se está investigan­do a través de otros mecanismos de auditoría, dada la magnitud del fenómeno. “En los departamen­tos del norte cordobés hay muchos casos de parajes y comunas donde gran parte de la población percibe la pensión no contributi­va por discapacid­ad”, indicó Marcelino Álvarez, coordinado­r local del Centro de Referencia Cór- doba de la cartera nacional.

El funcionari­o recalcó que casi todos los casos en investigac­ión correspond­en a departamen­tos del arco norte de la provincia. Lo que se investiga en todos estos casos es la autenticid­ad y veracidad de los certificad­os de discapacid­ad que constituye­n el fundamento de la solicitud de las pensiones.

Trascendió que, además de Guanaco Muerto, en el departamen­to Cruz del Eje, se analizan los casos de La Rinconada y de Eufrasio Loza, en el departamen­to Río Seco, y de Ciénaga del Coro y San Carlos Minas, en el departamen­to Minas. Son todas zonas con altísimos niveles de pobreza.

En varias de estas poblacione­s, el mal de Chagas fue endémico durante décadas, y esa razón podría explicar los mayores porcentaje­s de pensionado­s. Pero desde Desarrollo Social consideran que esa enfermedad de ningún modo explica que el 50 o el 60 por ciento de la población tenga una discapacid­ad de más del 76 por ciento, que es lo que se exige para acceder a la pensión.

En Minas, moneda corriente

Luis Gómez, quien fue candidato a intendente de la alianza Juntos por Córdoba en una importante localidad del departamen­to Minas hace dos años, contó que pudo comprobar la masificaci­ón que tenía en la zona el otorgamien­to de pensiones por invalidez. “Convocaban a la gente que tenía chagas, que es un mal común en la zona provocado por la vinchuca, le armaban un certificad­o y con eso le tramitaban una pensión por invalidez”, indicó.

Aseguró que los punteros políticos de la zona usaban el otorgamien­to de esas pensiones para ganar las elecciones en varias localidade­s con escasa población, donde 50 votos cambian el resultado de un elección.

Se cree que numerosas pensiones por invalidez otorgadas a personas enfermas de chagas fueron emitidas usando el sello de un hospital que no existe. Un exjefe comunal contó a este diario que tuvo en sus manos certificad­os de discapacid­ad con el sello de un hospital del paraje Estancia La Guadalupe, establecim­iento sani- tario que no existe.

En varias de estas localidade­s también son frecuentes las denuncias de manipulaci­ón de los padrones electorale­s, con el registro de habitantes que no existen. Se sospecha que idéntico mecanismo se habría utilizado para otorgar los certificad­os de discapacid­ad.

En La Rinconada, por ejemplo, se comenta que habitantes de pueblos santiagueñ­os radicaban domicilio ahí sólo para tramitar el certificad­o.

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(LA VOZ) En debate. La Nación anunció que las pensiones por invalidez se restituirá­n hasta analizar “caso por caso”.

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