Marijuan acorrala a Cristina por lavado
El fiscal pidió la indagatoria de la exmandataria. La acusó de tener una “sociedad delictual” con Lázaro Báez. Consideró que la expresidenta se ocupó de ocultar las maniobras del empresario.
El fiscal federal Guillermo Marijuan requirió ayer que la expresidenta Cristina Fernández sea citada a declaración indagatoria en la causa por supuesto lavado de dinero, que habría ejecutado el detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez.
“Fernández no puede negar, desde ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Báez (...)” y “debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras” de supuesto lavado, sostuvo el funcionario judicial.
El requerimiento del titular de la Fiscalía federal número 9 fue presentado al juez federal Sebastián Casanello, que en este expediente tomó nuevas indagatorias a los ya procesados Báez; el exgestor financiero Leonardo Fariña; el financista Federico Elaskar; el dueño de la financiera SGI (conocida como “la Rosadita”), César Gustavo Fernández; el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi.
Para Marijuan, la exmandataria debe “dar explicaciones” a la Justicia federal “por su vínculo” con Báez, dado que “su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel, como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado”.
“También (Fernández) debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras”, indicó, y destacó “la incidencia del poder político de máximo nivel, que no hubo alertas de organismos oficiales nacionales –Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, entre otras– ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz”. ¿A nadie se le ocurrió? Marijuan subrayó que “a ningún funcionario público, a ningún organismo de control ni tan siquiera a un escribano le resultó sospechoso que (Báez) un exempleado bancario, apenas un simple monotributista, en pocos meses depositara millones de dólares por ventanilla, tuviera más de una decena de cajas de seguridad, movilizara exorbitantes sumas de dinero a través de sus cuentas, ni que adquiriera cientos de propiedades con importantes construcciones sin uso”. “Ello, sin dudas, reitero, sólo puede entenderse como realizado al amparo del poder, de allí que Cristina Elisabet Fernández, por su vínculo con el nombrado, deba dar explicaciones y, por tanto, prestar declaración indagatoria”, resumió el funcionario del Ministerio Público.
En el marco de esta causa, junto con Báez también están detenidos el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco.
Casanello ordenó 27 indagatorias luego de que Suiza informó que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA. Según la acusación de la Fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida a Austral Construcciones.
Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión. El expediente cobró impulso con la aparición en enero de 2016 del video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, donde se veía a varios de los procesados contando millones de dólares y euros.