Clientelismo mata política social
Historias desgarradoras de discapacitados a los que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación les suspendió sin aviso las pensiones que eran su único sustento, e historias absurdas de pueblos cordobeses donde hay más pensionados por invalidez que habitantes.
La revisión de las pensiones no contributivas que puso en marcha la Nación abrió la puerta a una discusión donde se mezclan política social y clientelismo en similares proporciones. Y en la mezcla sobresale con claridad el uso político de esos aportes estatales. Hoy como ayer.
Las pensiones no contributivas –la inmensa mayoría, por invalidez– son una herramienta de política social. La clave para acceder a ellas es un certificado médico de discapacidad.
Algo pasó en la última década para que, sin guerras ni catástrofes, la cantidad de pensionados por invalidez pasara de 180 mil en el año 2003 a 1,8 millones de personas en 2015. Y para que pueblos enteros las recibieran, en muchos casos, en época electoral.
El modo en que ahora se comenzó a restringir esos beneficios fue tan a la “bartola” como durante el kirchnerismo fue su otorgamiento. Suspender casi 80 mil pensiones antes de corroborar si correspondían o no fue, en algunos casos, brutal. Ayer Desarrollo Social dio marcha atrás y todo volvió al punto de partida.