Cuando una mula paga como una hiena
Un fallo de la Justicia federal de Córdoba que condenó a un ciudadano inglés a siete años y medio de prisión por tentativa de contrabando de 38 mil pastillas de éxtasis hace recordar lo que viene recomendando la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y los Delitos.
El organismo habla de la desproporcionalidad de los castigos a quienes actúan de “mulas” o “correos” e insta a considerar quiénes son y qué rol ocupan en la cadena de narcotráfico.
John Merret es el inglés alojado en la cárcel de Bouwer que cumplió un contrato de traslado de esta droga de diseño desde Ámsterdam, Holanda, a Córdoba. En el Aeropuerto Ambrosio Taravella fue detenido por los agentes aduaneros que detectaron el preciado cargamento en el doble fondo de sus valijas.
Al ser juzgado por el Tribunal Federal Oral N° 1, su defensor, el asesor letrado Rodrigo Altamira, expuso una serie de argumentos contra la desproporcionalidad que la normativa vigente (el artículo 872 del Código Aduanero) contempla entre la tentativa de contrabando de droga y ese mismo delito consumado.
“La tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que correspondan al delito consumado”, dice esa ley.
Esa equiparación de castigos es la que divide en dos la biblioteca en este delito, como así también en la doctrina y en la jurisprudencia.
Quienes defienden la normativa entienden que el legislador tiene la facultad de decidir cuál es la política criminal de nuestro país y que puede equiparar la pena entre la tentativa y el contrabando consumado porque muchos de los hechos que se concretan burlan el control aduanero y los agentes de esa órbita nunca logran atrapar a los responsables.
Por eso consideran justo subir la pena a los que intentan comecia ter ese delito.
En cambio, quienes se oponen a esta equiparación de penas, como lo hizo el defensor oficial Altamira, sostienen que no puede violarse el artículo 19 de nuestra Constitución cuando las acciones no provoquen daño a terceros.
Si bien hubo un riesgo, debe contemplarse el matiz en la lesividad que provoca la acción, por lo que también debe haber proporcionalidad en la pena.
Por otra parte, en este juicio, la defensa argumentó que el principio de culpabilidad indica que una persona sólo puede ser responsable de los hechos que ella misma cometió.
Según este razonamiento, no puede cargarse a una “mula” con las responsabilidades de los otros miembros de la cadena de narcotráfico.
En otras palabras, se le hace cargar a la cuenta del “correo” las consecuencias de la insuficiencia del Estado.
Por todo esto, la pena desproporcional es considerada cruel porque no se ajusta a parámetros.
En el país, existen anteproyectos de ley para salvar esta discrecionalidad que usó el legislador, como uno de la diputada Victoria Donda.
En materia jurisprudencial, el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni votó en disiden- en casos como Brancachessi, en los que el juez retirado se pregunta el porqué de la tradición doctrinaria y opina que los jueces deberían fallar de otro modo.
Así parecen entenderlo dos de los integrantes de la sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, que votan con diferente criterio al de sus pares.
Se pronuncian por la inconstitucionalidad de la norma y a favor de que el mínimo de la pena para el delito en grado de tentativa sea de cuatro años y medio de prisión.
En numerosos países se está flexibilizando esta forma de penalizar a las “mulas”, a quienes se está considerando personas vulnerables que incurren en el narcotráfico por extrema necesidad, frente a poderosos que los usan, sin riesgo personal, para obtener cuantiosas ganancias.
EN NUMEROSOS PAÍSES, SE ESTÁ ANALIZANDO FLEXIBILIZAR ESTA FORMA DE PENALIZAR A LAS “MULAS”, A LAS QUE SE CONSIDERA VULNERABLES.