La “otra Trenza” continuará tras las rejas de Bouwer
Habrían engañado a personas que querían adquirir inmuebles en subastas. Se estima que lograron una suma millonaria. Según la causa, les hacían creer que con su influencia podían comprarlos antes del remate.
El fiscal de Distrito 1, Turno 1 de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, dictó la prisión preventiva de cinco miembros de una organización que habría estafado a personas con el engaño de que adquirirían inmuebles que iban a ser rematados.
Lo curioso es que la banda se autodenominó indistintamente “La Liga”, “La Trenza” o “La Fiscalía”.
Fingiendo una influencia que no poseían, los integrantes de esta presunta asociación ilícita hacían creer a sus clientes que con el favor de esta organización iban a adquirir antes del remate bienes que efectivamente iban a ser subastados, según consta en la causa judicial.
Así, consiguieron captar a numerosas personas que disponían de ahorros, a quienes estafaron, según lo que se juzgará.
Lo más llamativo es que los detenidos e imputados de asociación ilícita y estafa reiterada son profesionales o personas con estrecha relación con funciones públicas.
Ellos son Carlos Humberto Moras (abogado y exempleado del Ministerio de Educación), Patricia Alejandra Rodríguez (miembro de la Secretaría General de la Gobernación), Gustavo Orlando Fernández (expolicía, actualmente cesanteado), Nilda Elisa Piedrabuena y Esteban Raúl Vega (abogado penalista, procurador de la comuna de Yacanto de Calamuchita y asesor de la Legislatura provincial).
El viernes 9 de este mes fueron detenidos por los mismos cargos otros supuestos miembros de la organización delictiva: Patricia Ibáñez (abogada penalista) y Carlos Daniel Galeassi (pareja de esta y empleado del Ministerio de Justicia de la Provincia). Maniobras ilegales El “gancho” que tenía el grupo, según lo investigado, es que se presentaba como una organización que contaba con información calificada y, con la autorización de diversos funcionarios y magistrados del Poder Judicial y otros auxiliares de la Justicia, podía “facilitar” los trámites para adquirir el bien que iba a subastarse.
Con esa supuesta influencia, habría ofrecido a bajo precio bienes que presuntamente estaban por ser rematados en procesos judiciales.
Patricia Rodríguez, Mónica Vera Selaye, Gustavo Fernández y Carlos Moras habrían conformado la organización y habrían permanecido en ella hasta septiembre de 2016, en tanto que Nilda Piedrabuena y Esteban Vega se habrían sumado en 2016.
La asociación ilícita, según el expediente, contaba con división de tareas.
Unos se presentaban como miembros o intermediarios o inversores de la organización y desde ese rol captaban a inversores y cobraban dinero a quienes engañaban, siempre según la causa.
Algunas mujeres se presentaban como secretarias de la organización y, además de llevar a los clientes a ver los bienes ofrecidos, también les cobraban dinero.
El expolicía Gustavo Fernández hacía las veces de chofer y personal de seguridad de la organización.
Los últimos en incorporarse habrían tenido otros roles: Nilda Piedrabuena, como abogada de la organización y también captando clientes y exhibiendo bienes, mientras que Esteban Vega habría comenzado a actuar como abogado o martillero de la organización y, en tal carácter, habría prestado la sede de su estudio jurídico como una de las sedes de la organización donde se concretaban las operaciones.