En la Policía, 1 más 1 no siempre es igual a 2
Tenía que ser una solución, pero arrancó como un inconveniente.
El gran problema de 2016 y de buena parte de 2017 en Córdoba, palo a palo con la inseguridad, fue la oleada de casos de malos policías que caían presos o sancionados por graves episodios. Es lo que se llamó “la crisis policial”.
Los números son elocuentes: al menos 40 uniformados terminaron echados de la fuerza. Por otro lado, en el primer trimestre de 2017, dos policías fueron puestos en situación pasiva (dejaron de trabajar) por día, en promedio.
El principal problema: uniformados vinculados a robos.
Cuando no habían ido “de caño”, andaban con cosas robadas. Cuando no “marcaban” casas para que otros entraran a saquear, sustraían pertrechos de comisarías.
Pero no todo es cosa de ladrones. Hubo policías que cayeron por coimear, por vender drogas, por ayudar a narcos, por ser golpeadores y hasta por estafadores.
La situación más grave este año, lejos, fue la muerte de un motociclista en un control callejero en Villa Carlos Paz. Por ese homicidio, un agente novato será enviado en breve a juicio, con la sospecha de haber incurrido en “gatillo fácil”.
Ante tamaña oleada de casos, la solución del Gobierno provincial fue crear una nueva repartición. Como un clásico de estas pampas en los últimos años, se buscó dar un golpe de efecto.
Así se pergeñó la Dirección de Control de Conducta, en el corazón mismo de la Policía. Como si policías controlando a policías fuera a funcionar.
Desde hace 14 años, en paralelo, existe el Tribunal de Conducta Policial, una institución que trabaja por fuera de la fuerza y que, con civiles (abogados y abogadas) en su mayoría, castiga a los malos uniformados.
Este ente fue creado por José Manuel de la Sota durante 2003, ante otra oleada de graves ilícitos cometidos por uniformados y luego de que quedó al descubierto la total inutilidad de Asuntos Internos: una dirección policial que supuestamente debía controlar todo.
El Tribunal de Conducta (dependiente del Poder Ejecutivo) logró limpiar como pudo, pese a recortes de material y de personal, los gérmenes de la Policía. Eso sí, por lo general siempre los uniformados sancionados fueron de cuadros bajos y medios.
Los cuadros altos son otro tema. Hasta que un escándalo no se torna visible para la sociedad, los jefes manchados por el delito siempre sobreviven hasta último momento.
Está claro que en todos estos años la limpieza del Tribunal de Conducta no alcanzó y que los malos policías siguieron replicándose en Capital e interior.
La situación es tan seria que, por más que el Gobierno siga ocultando los hechos de corrupción interna, se creó esta Dirección de Control que, como si fuera un Frankestein, revive la vieja Asuntos Internos, desmantelada años atrás por inepta.
Así se tiene ahora una división “monstruo” que hará casi lo mismo que el Tribunal de Conducta. Es como si se creara otra Apross, otro Ersep, otra Epec.
En la Policía, uno más uno no siempre es igual a dos. Y pasó lo inevitable. Como una disputa de poder (en los barrios, se usa una figura más burda pero más clara), ambos órganos empezaron a competir para ver quién tiene más fuerza.
Desde la Dirección de Control, se informa que sólo se castigarán las faltas leves de los policías y que cuando se detecten faltas graves, será el Tribunal de Conducta el que deberá sancionar. Desde este ente, salieron a marcar la cancha. “Nosotros controlamos todo y decidimos qué es una falta leve, cuál una grave, y luego sancionamos. Nadie va a decirnos qué es una u otra cosa”, rumean por lo bajo.
Control ya arrancó con el pie izquierdo, cuando una comisión de policías irrumpió en una comisaría y secuestró libros de actas en el marco de una investigación interna.
Desde el Tribunal de Conducta, salieron a mostrar los dientes. “Una más que hagan así y los ponemos en pasiva a ellos”, alertaron. Fue necesario que los responsables del área de Seguridad enviaran interlocutores para aquietar las aguas.
Como si fuera poco, la Dirección de Control anunció que brindará atención psicológica para uniformados con padecimientos. Es una labor que supuestamente ya hacía el área de Recursos Humanos de la Policía.
Nadie puede cuestionar las ideas y las buenas intenciones.
Lo discutible es que se haga mal, con objetivos no del todo claros y con dinero público.
El problema de los malos policías es nacional. Ocurre en toda la Argentina y se vislumbra, por su volumen, en la Policía Federal, la fuerza más grande del país. ¿Cómo se controla esta repartición a sí misma? Con una Superintendencia de Asuntos Internos, un área compuesta exclusivamente con policías.
Igual a la que acaba de (re) debutar ahora en Córdoba.
Pese a que existe un ente que controla y sanciona a Policías en córdoba, ahora se creó un Frankestein que Funcionará Paralelamente dentro de la Fuerza. es como si el Gobierno creara otra aPross, otro erseP u otra ePec.