Transporte interurbano: ley, deseo y realidad

José es jubilado y vive en El Crispín, al norte de la provincia. Otilia, pensionada, transcurre su vida en Panaholma, bien al oeste. Ambos sobreviven con la jubilación mínima nacional que apenas supera los seis mil pesos mensuales, pero que no pueden cobrarla en un banco de la misma localidad que habitan. Son cordobeses con un derecho menos. Su problema no es sólo que deben viajar para poder cobrar, sino que, además, no cuentan en sus pueblos con servicio de transporte interurbano.

José y Otilia habitan en dos de las más de 60 pequeñas comunas cordobesas que nunca ven pasar un colectivo.

Los servicios interurbanos, concesionados por el Estado provincial, no ocupan todo el mapa. Los pueblos más chicos, que representan una escasa demanda de pasajeros, son esquivados en los recorridos de las empresas prestatarias, sobre todo si están ubicados fuera de las rutas y sobre caminos de tierra.

LOS PUEBLOS MÁS PEQUEÑOS QUE NO VEN PASAR NI UN COLECTIVO MUESTRAN A CORDOBESES AISLADOS, CASI EMPUJADOS A LA MUDANZA.

José y Otilia deben conseguir que alguien con vehículo los lleve a la ciudad más cercana. O pagar un remise, que en sus pueblos tampoco tienen y que les llevaría demasiado del escaso haber que perciben. Lo mismo les pasa a todos sus vecinos, de cualquier edad o actividad, si no cuentan con vehículos propios.

La ley provincial 8.669 establece que todo habitante de Córdoba tiene derecho a acceder a un servicio de transporte público. Como otras normas, expresa sólo un deseo, que la realidad se encarga de incumplir.

Escala y mercado más situación geográfica desfavorable aislan a esos cordobeses. O los empujan a la mudanza. Es ahí, para compensar derechos y enderezar lo que el mercado no ve ni atiende, donde el rol del Estado debiera percibirse más.

Para hacer visible esa discriminación, desconocida quizá para la inmensa mayoría de los cordobeses que habitan las ciudades medianas y grandes, dedicamos las páginas de la sección Primer plano de hoy.