Demoras sospechosas
Las investigaciones judiciales sobre la corrupción en la Argentina pueden tardar años, incluso décadas, lo que genera una sensación de que políticos y funcionarios gozan de cierta impunidad. Basta citar dos casos emblemáticos.
La explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, recibió sentencia casi 20 años después. La tragedia ferroviaria de Once, que se produjo el 22 de febrero de 2012, tuvo sentencia a menos de cuatro años del accidente que costó la vida a 52 personas y dejó cientos de heridos. Esta causa, que podría ser calificada como emblemática por el menor tiempo transcurrido entre el hecho y las condenas, todavía no se cerró. Está abierta la investigación sobre las responsabilidades de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y de otras autoridades.
De Vido, quien acompañó durante 12 años las gestiones de los entonces presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, también es objeto de sospechas en torno de la actuación de la empresa Odebrecht en numerosas obras públicas.
Marcelo Odebrecht, el principal directivo de una de las grandes constructoras de Brasil, y otros exmiembros de la compañía ya fueron condenados por los tribunales del vecino país. Los empresarios se acogieron a la figura de “delación premiada”, que permite reducir las penas a través del aporte de información confiable.
Las revelaciones no sólo confirmaron la existencia de una estructura política en Brasil que se benefició con el pago de coimas, sino que sus dichos incluyeron a figuras de Latinoamérica y de Estados Unidos.
En la Argentina, las figuras de De Vido y sus colaboradores más inmediatos están en el centro de las acusaciones. El exministro, quien goza de fueros como diputado nacional, negó las acusaciones de sus pares y empresarios brasileños. Idéntica actitud asumieron sus excolaboradores.
Las sospechas incluyen a ignotos personajes que habrían actuado en Córdoba para facilitar la realización de los gasoductos troncales, cuya primera licitación, luego fallida, se realizó en 2008.
La legisladora Elisa Carrió denunció que De Vido goza de protección judicial y política. Aunque la acusación no ha podido ser demostrada, lo cierto es que las investigaciones no tienen un avance significativo.
Una resolución acerca de las causas abiertas en la Justicia podría correr el velo sobre la ruta del dinero allegado por la corrupción y su destino final, cuestión que hasta ahora permanece bajo sospecha, pero sin conclusiones certeras.
Los jueces federales, como lo demuestran sus pares brasileños, deben asumir su rol y despegarse de toda sospecha de protección para con la dirigencia política y exfuncionarios, para lo cual es imperioso acelerar las investigaciones en marcha.