La crisis como oportunidad para el transporte y la movilidad urbana
Si evaluamos la política pública municipal en materia de transporte a la luz de los principios de una movilidad urbana sustentable, saltan a la vista numerosas falencias.
Entre los principios de accesibilidad, equidad, integración social y territorial, integralidad, sustentabilidad, continuidad, transparencia, rendición de cuentas y participación de los usuarios, interesa destacar las dificultades en relación con los dos últimos.
Desde el Grupo de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, consideramos que la forma en que se toman las decisiones, la necesidad de transparentar los criterios de estas, de los acuerdos y negociaciones entre sectores, y la exclusión sistemática de los usuarios en el proceso de decisión, control y evaluación del sistema son, en gran parte, causas de la ingobernabilidad del transporte público urbano de pasajeros y de la puja de intereses corporativos y especulativos que en ningún momento consideran el sentido sustantivo de la movilidad urbana como bien público.
Históricamente, los usuarios y ciudadanos fueron excluidos de los procesos de decisión y negociación que generaron la política del transporte urbano. Quienes sí fueron protagonistas son también corresponsables del sistema que hoy tenemos.
El municipio es el responsable político por los resultados de la movilidad en la ciudad y, en tal sentido, quien debería generar condiciones, muy diferentes a las actuales, para la gestión participativa y transparente del sistema de transporte.
No basta con la apelación coyuntural a una consulta popular, si no se desarticula la actual trama que impide abordar una problemática que afecta estructuralmente el desarrollo sustentable e inclusivo de Córdoba.
En este sentido, proponemos la creación e institucionalización de una instancia intersectorial de participación, control y evaluación de la política pública de movilidad y transporte, con participación de los usuarios del sistema.
El marco regulatorio vigente prevé una instancia, denominada comisión de transporte, que no se encuentra en funcionamiento y que, además de ser no vinculante, no incluye entre sus funciones la de contralor, un elemento esencial. Asimismo, es de fundamental importancia la creación de un sistema abierto que transparente la información y rendición de cuentas por parte del municipio y prestatarias.
El área metropolitana de Córdoba, con más de un millón y medio de habitantes, es el segundo aglomerado urbano en población y superficie del país después del Gran Buenos Aires, y concentra más del 40% de los habitantes de la provincia.
Lo acontecido pone al descubierto que una ciudad de tal magnitud en la configuración del mapa social y económico provincial y nacional no puede quedar paralizada por su dependencia de un subsistema de transporte.
En este contexto, cobra vigencia también lo que hemos señalado durante el debate sobre el marco regulatorio, acerca de la imperiosa necesidad de poner en marcha un plan integral de movilidad urbana que contemple la globalidad de los subsistemas de transporte y la intermodalidad, desde una perspectiva metropolitana.
La movilidad urbana –concebida en forma integral e integrada con la planificación física y funcional de la ciudad y de su área metropolitana– debería atender antes que nada los desplazamientos peatonales, favorecer y posibilitar los desplazamientos con rodados no motorizados (bicicletas y otros), posibilitar la transferencia de una modalidad a la otra con costos mínimos y desalentar el uso del automóvil particular.
Para ello, es indispensable reorientar las inversiones hacia modalidades más sustentables, eficientes y amigables con el ambiente, como el propio sistema de trolebuses, por mencionar uno ya existente.
Los grandes nudos viales –construidos hace poco o en construcción– atienden en forma exclusiva y excluyente al desplazamiento en automóvil particular, desalentando la opción por el transporte público masivo e imposibilitando, por barreras físicas, los desplazamientos peatonales, ciclísticos o la adaptación de sistemas alternativos.
Es allí donde el municipio debe asumir el liderazgo, para proponerlo y generar los mecanismos para el trabajo articulado con la Provincia y la Nación, tal como ocurre con esta última en el área metropolitana de Buenos Aires.
La ciudad ya perdió numerosas oportunidades para construir un mejor sistema: el debate sobre el marco regulatorio, el plan de movilidad urbana y los últimos procesos de licitación fueron algunas de las instancias en las que hubiera sido fundamental poner en el centro la consideración del transporte y la movilidad como bien público y el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones sobre el tema.
Esperamos que esta situación crítica sirva para discutir en serio la política pública de movilidad urbana y lograr la construcción de un nuevo sistema de gobernanza que logre cumplir con los principios mencionados. * Coordinadora ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba