Cada vez más golpeado, Temer afronta otra semana decisiva
El fiscal general tiene plazo hasta el martes para interponer una denuncia formal por corrupción contra el jaqueado mandatario. La pronunciación debería pasar luego a Diputados, donde el presidente aún tiene peso.
Brasilia. La profunda crisis política, económica e institucional de Brasil entró ayer en una fase decisiva, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte del país, emplazó a la Fiscalía General a decidir si denuncia o no por corrupción al jefe de Estado, Michel Temer, quien podría ser suspendido del poder.
Según dictaminó el juez Edson Fachin, instructor en el STF de la investigación iniciada contra el presidente, la Fiscalía deberá pronunciarse antes del martes próximo sobre una eventual denuncia, que en medios políticos y jurídicos se consideraba casi segura.
Temer es investigado por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita. Al menos en el primero de los casos, la Policía Federal ya ha informado que ha encontrado “serios indicios” que comprometen al gobernante, cuya popularidad está por debajo del cinco por ciento.
Las sospechas de que Temer participó “con vigor” en asuntos de corrupción se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, uno de los mayores productores y exportadores de carnes del mundo, que en un acuerdo de cooperación judicial detallaron una serie de irregula- ridades en las que estaría inmerso el presidente. En esas grabaciones, que según Temer fueron “editadas”, Batista narra una serie de maniobras ilegales que JBS hacía con el Gobierno. Según fuentes policiales, existen al menos otros cuatro audios aún no difundidos y más comprometedores.
Tras el plazo establecido por el juez Fachin, la suerte de Temer está en manos del fiscal general, Rodrigo Janot, quien en todos los casos de corrupción que ha tramitado hasta ahora nunca ha ido en contra de la opinión de los investigadores de la Policía Federal.
Si Janot presenta la denuncia, la Corte Suprema deberá remitir el caso a la Cámara de Diputados, única responsable según la Constitución de autorizar un proceso contra un mandatario en pleno ejercicio del poder. La denuncia sólo procederá si es avalada, primero, por una comisión de diputados, que tendrá hasta 15 sesiones para analizar el caso, y luego por al menos dos tercios de los 513 integrantes del pleno de la Cámara.
Si así fuera, Temer sería suspendido de sus funciones durante 180 días, plazo que tendría el Supremo para concluir un proceso en el que sólo podría considerar hechos ocurridos desde que el presidente asumió el poder, en mayo de 2016, cuando comenzó el juicio político que acabó en agosto con la destitución de Dilma Rousseff.