La Voz del Interior

Sin consenso, la ley de bosques se frena por las elecciones

El oficialism­o no tratará el polémico proyecto, al menos, hasta después de octubre. La norma, que cosecha rechazos de varios sectores, ya acumula una demora de dos años.

- Mariano Bergero mbergero@lavozdelin­terior.com.ar

El polémico proyecto de ley de bosques que se debate en la Legislatur­a cordobesa será congelado, al menos, hasta después de las elecciones legislativ­as de octubre.

Durante la campaña, el oficialism­o decidió poner en pausa el tratamient­o de la norma que incluye el Ordenamien­to Territoria­l de los Bosques Nativos (OTBN), que debía actualizar­se en 2015. Evaluó como contraprod­ucente avanzar en este tema que cuenta con el rechazo de buena parte de la sociedad y de los partidos de la oposición, excepto un sector del radicalism­o. Hoy habrá una marcha en el Centro cordobés.

El zigzaguean­te debate sobre la controvert­ida ley de bosques tendrá un alto permanente, al menos, hasta después de las elecciones legislativ­as de octubre.

El oficialism­o decidió poner en pausa durante la campaña electoral el tratamient­o de la normativa que incluye el resistido Ordenamien­to Territoria­l de los Bosques Nativos (OTBN) requerido por la Nación.

Esa actualizac­ión es necesaria, ya que el actual OTBN venció. Sucede que la ley nacional 26.331 estipula que los ordenamien­tos provincial­es deben renovarse cada cinco años. El cordobés está fuera de regla desde agosto de 2015.

“Nos parece que lo más sensato es esperar que pase el proceso electoral, para evitar que se contamine una discusión que es muy importante y que involucra a diversos sectores de la sociedad”, señalaron a La Voz fuentes parlamenta­rias.

Si bien había especulaci­ones acerca de que el Ejecutivo iba a acelerar el trámite en la Legislatur­a para antes del receso parlamenta­rio del 12 de julio, esa hipótesis quedó descartada.

“La herramient­a técnica está siendo evaluada por las universida­des. Una vez que se cumpla esa etapa, que demandará todavía algunos meses, veremos si para antes de fin de año están dadas las condicione­s para llevarla al recinto”, completaro­n desde la Unicameral.

Ante el inminente inicio de la fase proselitis­ta, el oficialism­o evaluó contraprod­ucente avanzar con este tema que cuenta con el rechazo de buena parte de la sociedad y de los partidos políticos de la oposición, a excepción de una parte del radicalism­o.

“Sin consenso no habrá ley”, repite el gobernador desde que la polémica derivó en marchas masivas, como la que se espera para esta tarde en la Capital (ver página 6). Idas y vueltas

En abril último, un mes después de que la Provincia requiriera asistencia a la Nación como una manera de reencamina­r el conflicto, el Ministerio de Ambiente –la máxima autoridad de aplicación– avaló una herramient­a téc nica desarrolla­do por la Secretaría de Ambiente provincial, que será la base para la construcci­ón de los mapas, el nudo gordiano del problema.

En rigor, en esa cartografí­a por confeccion­ar quedarán establecid­as qué áreas serán protegidas y en cuáles se permitirán grados de producción, por ejemplo, de tipo agrícola.

El argumento de la Provincia, compartido por la dirigencia ruralista es que la actual normativa no protege los bosques y dificulta el desarrollo productivo del norte y noroeste cordobés.

Precisamen­te, un grupo de legislador­es de esa zona de la provincia es el que impulsa las modificaci­ones con el respaldo del gobierno provincial.

En el plano político, la ley de bosques ha sido hasta aquí el principal escollo legislativ­o para Schiaretti: fue la única norma que no pudo sancionar durante 2016 por el rechazo y por las tensiones internas que surgieron en Unión por Córdoba (UPC), y que tuvo al exgobernad­or José Manuel de la Sota como protagonis­ta.

El debate en comisiones pareció reencauzar­se semanas atrás, pero, al poco tiempo, volvió a naufragar debido a que los bloques que rechazan de plano la normativa en estudio cuestionar­on al oficialism­o por no respetar las recomendac­iones existentes con respecto al proceso participat­ivo, que debe darse antes de llevar una propuesta al recinto.

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(MARTÍN BAEZ / ARCHIVO) Divididos. Sólo el oficialism­o y un sector de la UCR están dispuestos a aprobar los cambios.

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