Sin el voto K, la delación premiada está cerca de ser ley
Obtuvo media sanción en Diputados, pero volverán a votarse varios artículos. El Gobierno quiere participar en los acuerdos con empresas y que no los maneje sólo Gils Carbó.
El objetivo: tener una ley para castigar a empresas que cometan delitos de corrupción.
Eso fue lo que se discutió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero no fue un debate tranquilo, ni mucho menos: los legisladores de las tres principales bancadas –el oficialismo, el massismo y el kirchnerismo– cruzaron acusaciones sobre operaciones de fraude contra el Estado durante seis horas.
Hubo dos puntos álgidos. Uno, la habilitación de acuerdos de delación premiada como los de Brasil (aunque no se llaman así en la ley). Segundo, si el Poder Ejecutivo podrá intervenir en la gestación de esos convenios o si sólo lo hará la procuradora de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó.
Por lo tanto, el de ayer no podía ser un debate tranquilo, menos con el caso Odebrecht en escena.
Para el oficialismo, el control exclusivo del tema por parte de Gils Carbó será una garantía de protección para Julio De Vido, José López (el lanzador de bolsos con millones de dólares), Ricardo Jaime y otros funcionarios que hacían las licitaciones sospechadas.
Para la oposición, que intervenga el Ejecutivo es garantía de protección para constructoras que participaron en dichas licitaciones y pertenecen o pertenecían a amigos y familiares de Mauricio Macri o a su familia, o en las que podrían estar involucrados funcionarios, como el jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas.
Al final la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas logró media sanción con 131 votos del oficialismo y del massismo y 63 votos en contra. Todos los legisladores K rechazaron la ley.
El asunto del día era una ley para castigar a empresas que cometan delitos de corrupción, justo en la primera sesión después del cierre de listas de candidatos para las Paso. Y había dos puntos muy álgidos. Uno: la habilitación de acuerdos de delación premiada, como los de Brasil (aunque no se llaman así en la ley). Dos: si el Poder Ejecutivo podrá intervenir en la gestación de esos acuerdos, o si sólo lo hará la procuradora de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó.
Por lo tanto, el de ayer no podía ser un debate tranquilo, menos con el caso Odebrecht en escena. Y así fue: los diputados de las tres principales bancadas: el oficialismo, el massismo y el kirchnerismo, se mostraron los colmillos y cruzaron acusaciones sobre operaciones de fraude contra el Estado durante seis horas. Para el oficialismo, el control exclusivo del tema por parte de Carbó será una garantía de protección para Julio De Vido, José López (el lanzador de bolsos con millones de dólares), Ricardo Jaime y otros funcionarios que hacían las licitaciones sospechadas. Para la oposición, que intervenga el Ejecutivo es garantía de protección para constructoras que participaron en algunas de esas licitaciones, y pertenecen o pertenecían a amigos y familiares de Mauricio Macri o, incluso, a su propia familia, o en las que podrían estar involucrados funcionarios, como el jefe de la Inteligencia, Gustavo Arribas.
Al final, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas logró media sanción con 131 votos del oficialismo y del massismo y 63 votos en contra. Todos los legisladores K rechazaron la ley que busca promover la delación de coimas como en Brasil. Hubo siete abstenciones del Bloque Justicialista, de Diego Bossio.
La cuestión de si, además de Gils Carbó intervendrá el Gobierno, o si sólo lo hará la funcionaria designada por Cristina Fernández quedó en suspenso. Porque la sesión pasó a cuarto intermedio. El artículo clave, el 37, será votado en particular, junto a los otros, la semana que viene.
“No estamos ni con Socma (Grupo Macri) ni con Juan Pérez ni con el que venga. Caiga quien caiga, venga de donde venga, lo que procuramos es hacer una ley y contribuir, como ocurre en muchos países del mundo, a que tengamos más transparencia”, dijo el presidente del bloque Cambiemos, el radical Mario Negri, en el cierre de un debate áspero.
Las peleas habían arrancado temprano, a las 3 de la tarde, cuando la diputada massista Graciela Camaño denunció la ley como una “puesta en escena” de Cambiemos y sostuvo que para el Frente Renovador bastaba con modificar el Código Penal.
Criticó al oficialista Fernando Sánchez, de Coalición Cívica, por aparecer “en un videíto él solito” para atribuir el proyecto sólo a Cambiemos.
Sánchez le respondió: “Lo que ya se robaron lo vamos a recuperar con esta ley. Y los vamos a mandar en cana, sean personas o empresas”. Le recordó que los diputados de la oposición “no fueron ni a una reunión de comisión”. “Del bloque del FPV no vinieron nunca, ninguno. Sabemos por qué: porque estamos combatiendo la corrupción”, dijo Sánchez. Camaño lo acusó de querer “buscarles la salida a los empresarios corruptos”.
El jefe del bloque K, Héctor Recalde, consideró que se acusa con ligereza a funcionarios, exfuncionarios y empresarios. “Nosotros estamos absolutamente en contra de la corrupción”, dijo. Estallaron las carcajadas.
Antes había aparecido Carrió: “Sólo quiero hacer una pregunta: quien nos puede enseñar y explicar el sistema de sobornos es un diputado de la Nación, Julio de Vido. ¿Dónde está? ¿Asistió? Porque podemos darle la palabra”. De Vido estuvo ausente toda la sesión.
¿dóndE Está El diputado dE vido? quE nos diga cuánto cobró y lEs dio a los KirchnEr. Elisa Carrió, Cambiemos si quiErEn ganar las ElEccionEs, dEjEn dE hacEr circo, como El dE Esta lEy. Alejandro Abraham, Frente para la Victoria EmpEzamos a vEr quE El caso odEbrEcht los llEna dE miErda a todos. Graciela Camaño, Frente Renovador los vamos a mandar En cana, sEan pErsonas o EmprEsas. Fernando Sánchez, Cambiemos