Cuenta regresiva para decidir el destino de Venezuela
La elección de constituyentes, convocada para el 30 de julio, acentúa las tensiones, 90 días después de que comenzó la actual escalada. El ataque protagonizado por un helicóptero y la amenaza del uso de las armas, por parte de Nicolás Maduro, profundizan
Noventa días después de que dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avanzaran sobre las ya recortadas funciones de la Asamblea Nacional –donde desde enero de 2016 la oposición tiene amplia mayoría–, y atizaran las reacciones en las calles contra el Gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela se apresta a ingresar en un mes de julio que preanuncia más tensiones y enfrentamientos.
El incidente protagonizado en la noche del martes por un helicóptero, que disparó y lanzó granadas contra la sede del cuestionado tribunal, y la amenaza del mandatario de usar las armas no hicieron más que enrarecer un clima social, político e institucional ya por demás espeso.
Y mientras se repetía en las redes sociales el video de Óscar Pérez, el piloto de la aeronave que antenoche sobrevoló amenazante Caracas, rodeado por encapuchados armados con los que dijo combatir a un “Gobierno criminal”, referentes de la oposición se desmarcaban del singular episodio que el Ejecutivo de Maduro definió como “acto terrorista”.
En cambio, dirigentes como el gobernador de Miranda, Henri- que Capriles o el presidente de la Asamblea, Julio Borges, centraron sus mensajes de ayer en fustigar la arenga belicista de Maduro y apelaron a los responsables de las fuerzas armadas para que “no repriman más a los ciudadanos”.
La jornada de ayer estuvo marcada, además, por otra polémica decisión de la máxima corte del país. El TSJ transfirió funciones de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, de perfil muy crítico con las últimas medidas del Gobierno, a la órbita de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular Tarek William Saab, es un se ha mostrado como incondicional del Ejecutivo.
Poco después de asistir a una rueda de prensa brindada por la fiscal, en diálogo telefónico con
La Voz desde Caracas, Manuel Cobela, periodista de la cadena Venevisión, dijo que Ortega desconocería las nuevas polémicas resoluciones. En concreto, aludió a la sentencia que atribuyó al defensor del Pueblo competencias en materia de derechos humanos que eran del Ministerio Público.
Ortega dijo que no se puede usar la Justicia Penal para neutralizar al enemigo y negó que la Asamblea se encuentre en desacato, en nuevas discrepancias con el Gobierno, cuyo llamado a una Asamblea Constituyente la fiscal ha considerado “fraudulento”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), de mayoría oficialista, convocó para el 30 de julio a la elección de constituyentes que reformarán la Carta Magna en una Asamblea que la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechaza de plano. Las fuerzas opositoras alegan que se busca elegir una Asamblea Constituyente de una manera sesgada y que, con ella se violará la voluntad popular y evitará el llamado a comicios generales que reclaman hace meses.
El mismo día en que marcó el 30 de julio como fecha para la elección de constituyentes, el CNE anunció que convocaba para el 10 de diciembre a los comicios regionales de gobernador que debieron efectuarse en diciembre de 2016.
Sin embargo, según explicó a este diario Manuel Cobela, la oposición considera que esa convocatoria tardía sólo buscó calmar los ánimos y generar una reacción positiva hacia un proceso que muchos chavistas también objetan.
Así, no sólo la citada fiscal Ortega (a la que anoche congelaron sus bienes y prohibieron salir del país y comenzarán a juzgar el martes) ha cuestionado la legalidad de la convocatoria a la Constituyente, por no someter su realización a un referéndum. Otros referentes o voces respetadas en el oficialis mo también se han pronunciado en contra de reformar la Constitución Bolivariana, uno de los legados del expresidente Hugo Chávez, quien murió el 5 de marzo de 2013 y cuyo último mandato (iniciado dos meses antes de fallecer) debería completar Maduro a comienzos de 2019.
Antes de que la actual crisis escalara, la oposición unificaba sus reclamos en una convocatoria a elecciones generales; el establecimiento de un canal humanitario para medicinas y alimentos; el respeto a la división de poderes; y la libertad de presos políticos.
Tras la convocatoria a la Constituyente, dirigentes opositores consideraron irregular la forma en que se pretende elegir a quienes redactarán la nueva Carta Magna, y advirtieron que no le gitimarán con su participación una Asamblea, que tendrá, luego, facultades para disolver los otros poderes del Estado, incluida la Asamblea que controlan. También, deslizaron que las fechas de las regionales de diciembre y las aún no confirmadas elecciones municipales de este año o las presidenciales previstas para octubre de 2018 quedarían sin efecto.
“Creo que en este mes seguirá creciendo la tensión y lo que se vislumbra, lamentablemente, son posiciones cada vez más distantes”, afirma Cobela. “No se ven salidas cercanas pese a las gestiones de la comunidad internacional, de la OEA, o de la propia Iglesia local y el Vaticano, que han tratado de atenuar las diferencias y evitar más enfrentamientos como los que costaron ya 77 vidas”.
Nosotros jamás Nos reNdiríamos si de afuera haceN caer a la revolucióN. y lo que No se pudo coN los votos lo haríamos coN las armas. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela militares, está llegaNdo la hora de decidir eNtre defeNder la coNstitucióN o seguir disparaNdo a uN pueblo que No quiere dictadura. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento)