Un sistema en franca morosidad
La designación de cargos en los distintos roles del Estado a través del sistema de concursos públicos siempre es motivo de sospechas de favoritismo según el color político del poder de turno. Esto se suma a la morosidad en la adecuación de antiguas normativas a las nuevas leyes sancionadas en pos de una mayor transparencia.
Entre los múltiples antecedentes sobre magros avances en esta materia, basta mencionar la situación en la que opera el servicio de jueces de Paz en la provincia de Córdoba.
Si bien los jueces de Paz no tienen la tras- cendencia funcional de los magistrados de los Tribunales ordinarios, cumplen tareas de enorme utilidad y de responsabilidad en numerosos poblados y parajes del interior provincial. Entre otras diligencias, se encargan de mediar entre vecinos en litigio, colaboran en operativos de allanamientos ordenados por la Justicia, certifican firmas y desarrollan tareas de control en los procesos electorales.
Sin embargo, el sistema continúa enredado entre las dudas que generó, en tiempos no muy lejanos, la proliferación en esos cargos de punteros políticos o de personas de escasa probidad, cuando no complicadas por prontuarios policiales.
Un informe que publicamos el lunes refleja que a 10 años de sancionada la ley provincial 9.449, que modificó el proceso de designación de los jueces de Paz, y a siete años de constituida la Junta de Calificación y Selección respectiva, poco y nada cambió.
La morosidad es preocupante. Desde la creación de la referida junta (con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), apenas 179 de los 309 juzgados de Paz tienen jueces nombrados por el sistema de concursos. A ello se debe agregar que hay aún 59 cargos vacantes.
Resulta impostergable remediar esta situación para terminar con los nombramientos discrecionales de caudillos políticos locales que se referencian en el poder de turno, pero que no tienen aptitudes para un cargo de juez.
Ante la inacción, sería más sensato vigorizar lo que marca la ley (y la reglamentación de marras) en dirección a poner en un nivel de igualdad a los que pugnan por revalidar sus puestos en las distintas pedanías con los que aspiran a someterse a un concurso público que no esté empañado por las viejas y perversas prácticas clientelares.
Como consigna la ley, la Junta de Calificaciones y Selección tiene su ámbito de actuación en el Ministerio de Justicia de la Provincia, lo cual involucra al Poder Ejecutivo en la morosidad en cuestión.
Los jueces de Paz cumplen una tarea destacada en parajes alejados de las grandes ciudades, y por ello el sistema debe ser revalorizado y despojado del vicio de la prebenda.