Otra reparación histórica
El titular del Pami, Sergio Cassinotti, afirmó en una entrevista con el diario La Nación de Buenos Aires que su gestión reconoció una deuda de 8.000 millones de pesos con proveedores y prestadores de la institución, con quienes estableció un plan de pagos de hasta 15 cuotas.
El dato simboliza el calamitoso estado administrativo en que se encuentra la obra social que atiende a unos cinco millones de jubilados y pensionados.
Uno de los elementos que determina esa abultada deuda es la compra de medicamentos. Según el funcionario, se ha llegado a comprar remedios a un ritmo cercano a tres mil millones de pesos mensuales. Visto así, la deuda no sería lo voluminosa que parece: no representaría ni el gasto de un trimestre en medicamentos.
El problema es que, por un lado, los reclamos por montos impagos se remontan a anteriores gestiones y, por otro, aún no pudieron implementarse las medidas de auditoría y control que permitan certificar que la compra de esos remedios es necesaria y efectivamente se hace.
Porque, en cualquier caso, como toda institución, Pami tiene un presupuesto al que ajustarse y la lógica contable indica que sus compras a la industria farmacéutica deberían tenerlo en cuenta.
Pero el ajuste de las cuentas debe servir para brindar una mejor atención a los afiliados, en vez de perjudicarlos. Como se recordará, el anterior titular del Pami nombrado por Mauricio Macri decidió revisar el plan de entrega gratuita de medicamentos. Más allá de las discusiones que provocó la medida, lo cierto es que se comprobó que cerca del 90 por ciento de los beneficiarios estaban en regla, mientras que apenas un 10 por ciento abusaba del sistema.
Por eso, para mejorar las cuentas, hacen falta al menos dos cosas.
En primer lugar, una mayor investigación y control, para eliminar toda posibilidad de fraude y sobrefacturación. También falta determinar por qué algunos médicos prescriben alrededor de cinco mil recetas por mes y por qué algunos jubilados habrían presentado unas 70 recetas de promedio en ese mismo lapso.
En segundo lugar, debe reducirse de manera eficiente la planta burocrática, para administrar mejor a un menor costo. No se trata sólo de tener menos gente en el organigrama, sino de reformular el ciclo de los trámites internos, porque todo ahorro de tiempo redunda en ahorro de dinero. Una demora en la entrega de prótesis, por ejemplo, significa más días de internación del jubilado que la espera.
Estas medidas deben ejecutarse cuanto antes. La tan anhelada reparación histórica de los jubilados no sólo atañe a sus derechos sobre los dineros que perciben cada mes, sino también a la obra social que los cobija.