Las causas por corrupción, en un laberinto judicial a su medida
Mucho ruido y pocas nueces. Sólo Jaime, López y Báez parecen estar pagando, en el medio de centenares de procesos. Los modelos que aplicaron otros países para superar la presión de los poderosos.
La corrupción en la Argentina se instaló como un exitoso modelo de serie de televisión. De manera sistemática, aparecen hechos que impactan a la sociedad, que generan rating o que asombran por la cantidad de dinero o de inmuebles de la que se habla. Sin embargo, todo parece cubrirse por el espeso humo que lanzaba el trencito de hojalata que Julio De Vido presentó en la mina carbonera de Río Turbio.
Como un reflejo de un país que nunca termina de concretar sus aspiraciones, el avance en las causas de corrupción en la Argentina tiene más pantalla que acción: algunos procesos se iniciaron hace más de una década. Bien podría definirse que la avanzada que asomó con el cambio de Gobierno, en diciembre de 2015, es por la galerie.
La abogada Silvina Martínez, especialista en derecho empresarial y querellante en los casos Los Sauces, en la ruta del dinero K y en Hotesur, dijo a La Voz que en el país hay abiertas alrededor de dos mil causas por corrupción (ver más información en página 10).
Por protección a los poderosos por parte de jueces que le deben su cargo o por temor a lo desconocido, no hay una decisión política concreta para avanzar en las causas abiertas, según clarificó en su reciente paso por la Argentina el abogado peruano José Ugaz.
El titular de Transparencia Internacional reconoció que a fines del año pasado tuvo encuentros con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y con la procuradora Alejandra Gils Carbó, sin encontrar eco alguno.
Ugaz cobró relevancia cuando en el año 2000 fue convocado por el presidente peruano Alberto Fujimori para ejercer como procurador ad hoc, decisión que terminó significando la salida del poder del propio mandatario. Recién llegado a su función, el abogado se encontró con una trama de corrupción que abarcaba a todo el poder peruano, especialmente a Fujimori y a su hombre fuerte, Vladimiro Montesinos.
En pocos meses, Ugaz y su equipo abrieron 200 causas, investigaron a 1.500 personas y lograron encarcelar a 120 del máximo poder político, judicial y militar. Fujimori, sin imaginarlo, terminó tomando de su medicina. Tal vez ello genere algunas dudas en la Argentina.
Pero aquel avance peruano, como el actual proceso de Lava Jato en Brasil, no resultó de la tarea de un Quijote, sino de un equipo dispuesto únicamente para investigar al poder y convencido de enfrentar sus consecuencias.
El grupo que trabajó entre 2000 y 2002 con Ugaz estaba compuesto por abogados, fiscales, jueces y vocales. Del mismo modo, uno de los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal de Brasil está hoy dedicado a controlar y coordinar el proceso de Lava Jato que inició el juez Sérgio Moro en Curitiba. Este contó con un mecanismo judicial que fue clave: la delación premiada.
Lo que Ugaz dice haberles insinuado a los funcionarios argentinos con los que se reunió es la formación de un equipo especial, en lugar de que las causas estén desparramadas en un ramillete de fiscalías y juzgados, muchas veces cuestionados por su lentitud o indecisión.
Un modelo con similitudes podría encontrarse en el histórico proceso de juzgamiento a los miembros de las juntas militares que encabezaron la última dictadura (1976-1983).
Sin esa voluntad, las causas desparramadas parecen avanzar según las ganas de cada juzgado o según la “cara del cliente”. Por ahora, los funcionarios importantes o empresarios vinculados al poder argentino que están detenidos se pueden contar sin ocupar todos los dedos de la mano. Lo tiraron a los leones
El primer exfuncionario importante que cayó e hizo ruido fue el cordobés Ricardo Jaime, aunque su caso no es común. Se expuso al demostrar un nivel de vida impropio para alguien que llegó a la función pública casi sin bienes que justificaran sus movimientos posteriores y, además, cayó en desgracia tras la muerte de su amigo Néstor Kirchner. Su viuda no lo apreciaba.
Además de haberse autoinculpado como corrupto durante el tramo final del kirchnerismo, Jaime pareció una pieza lanzada a la pista para calmar la ansiedad mediática y de un sector de la sociedad que reclamaba el rodar de una cabeza. Al exsecretario de Transporte le cabe la expresión que lanzó en su momento una legisladora cordobesa. “A Ricardito le soltaron la mano”, graficó.
Jaime fue apuntado por la compra de material ferroviario en desuso a España y Portugal, por recibir pagos de empresarios del transporte y por la responsabilidad en el accidente mortal de Once. Pero, por sobre él, había un responsable llamado Julio De Vido, ministro de Planificación de los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández. Recién ahora, la Justicia parece estar haciéndole apenas un poco de cosquillas. El exsuperministro cuenta con la coraza de los fueros –lo que motivó la apertura de una discusión durante la última semana– y una larga lista de gobernadores actuales, funcionarios y empresarios que le deberían favores y no quisieran ver sus nombres manchados por alguna indagatoria.
Otro que parece estar pagando por varios, y hasta ahora inmerso en un silencio de convento, es el santacruceño Lázaro Báez. Algo más ostentoso y beneficiado que Jaime, a este excajero de banco ya le contaron 1.550 propiedades, entre otros bienes.
Lo apuntan como el epicentro detrás de la corrupción en la obra pública y es difícil de encasillar como un empresario típico, debido a que comenzó a incursionar en ese ámbito recién dos días antes de que Kirchner asumiera la presidencia, en 2003. Austral Construcciones lo haría tan rico que terminaría meditando sobre su situación en una celda del penal de Ezeiza.
A Báez, amigo íntimo de Kirchner, cada tanto le sube la presión arterial y dicen que llora por su familia, pero parece lejos de acogerse a la figura del arrepentido. Comenzó a actuar en esta serie televisiva cuando apareció mostrando una bodega recién pintada, justo donde las malas lenguas decían que había empotrado una caja fuerte de generosas dimensiones.
Cierra la lista de detenidos “ilustres” el exsecretario de Obra Pública José López –también dependiente de De Vido–, quien se autoincineró la noche en la que sintió que el dinero le quemaba y decidió llevarlo al convento donde parte del equipo de De Vido purificaba los grandes pecados.
Aunque el entramado de causas contra exfuncionarios es complejo y no todas son corrupción, la abogada Martínez ensayó una recopilación. Cristina Fernández, quien ya ostenta fueros por ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, está entre los líderes de un ranking, que podría tener algunas imprecisiones: tendría 96 causas penales abiertas.