Las mujeres encarceladas: una mirada objetiva
En Argentina hay 740 mujeres presas, según los datos que brindó el Servicio Penitenciario Federal en el último censo de abril de 2016.
Todas ellas se distribuyen en seis cárceles de Argentina. Aun así, el pequeño número de mujeres en las prisiones plantea problemas específicos a los administradores penitenciarios; puesto que la inmensa mayoría de los reclusos son varones, los sistemas penitenciarios suelen gestionarse con el criterio de que la norma es “el varón”.
Alojar a las mujeres plantea dificultades, porque el número de ellas que procede de cada ciudad o región es pequeño para habilitar un edificio especial. La consecuencia es que se tiende a albergarlas en edificios provisionales o en anexos de las cárceles para hombres.
La alternativa es ingresarlas en prisiones especiales para mujeres, pero a menudo ello significa alejarlas de su hogar y de su familia.
En la prisión, las mujeres se enfrentan a problemas particulares, debido a su papel en la familia, ya que en general son ellas quienes asumen la responsabilidad de la familia y de los niños, con lo que la reclusión les ocasiona problemas particularmente graves.
A su vez, en el entorno coercitivo de la prisión, las mujeres son vulnerables, necesitan salvaguardias especiales para garantizar que no se abuse de ellas en modo alguno.
Aquellas que ingresan a la prisión embarazadas se enfrentan a grandes problemas. Es que, en términos generales, la prisión es una sociedad dominada por los hombres; por consiguiente, es preciso cuidar que no se pasen por alto los derechos y las necesidades de las mujeres.
Olvidadas
Su situación en las prisiones no recibe mucha atención en los instrumentos internacionales, no obstante los requisitos generales de la no discriminación y la igualdad de trato quedan claramente establecidos en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la que prohíbe cualquier discriminación que prive a las mujeres de las mismas protecciones y libertades fundamentales en todas las esferas (política, económica, social, cultural y civil) que se les reconocen a los hombres.
A nivel nacional, coherente con la Convención de Belén do Pará, Argentina cuenta con la ley número 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y avanza sobre una ley anterior restringida a la violencia doméstica, e incluye la violencia institucional.
Asimismo, Argentina ha tipificado el femicidio en el Código Penal como un agravante de la pena del homicidio de una mujer o de personas transexuales cuando esté motivado por su condición de género.
Sin duda, estos son marcos normativos de relevancia para referenciar la situación de las mujeres en las cárceles del país. La mayoría de las mujeres privadas de libertad están detenidas por delitos relacionados con la comercialización o el contrabando de estupefacientes.
Lo relevante aquí es su rol en las redes de comercialización, donde ocupan los puestos más bajos de la jerarquía, que por otra parte son los que corresponden a los de mayor exposición al poder punitivo del Estado.
Muchas de ellas provienen de sectores con alta vulnerabilidad social y económica, por lo que el incremento de su participación en tales delitos es coincidente con el proceso de quiebre en la estructura socioocupacional, de grandes cambios en las estructuras familiares y de profundización del proceso conocido como feminización de la pobreza.
Otra causa del encarcelamiento es la violencia de género que se ejerce contra ellas, que en situaciones de reiterados maltratos las lleva a utilizar la fuerza contra su agresor, sin tener luego, en muchos casos, acceso a la justificación en su defensa.
A modo de conclusión, diversos estudios desarrollados en los ámbitos nacional e internacional dan cuenta del impacto diferencial que la privación de la libertad tiene para las mujeres respecto de los hombres.
La maternidad es un aspecto clave de esta diferencia, ya que la pérdida de las relaciones maternofiliales ocasiona mayor ansiedad en las mujeres, impactando en su estado de salud por el mayor sufrimiento psicológico que implica.
Muchas mujeres privadas de libertad son poco visitadas y abandonadas por sus parejas; padecen problemas de salud relacionados con su extracción social –condiciones y calidad de vida–, con experiencias previas al encierro, como la violencia de género y los hábitos toxicológicos, por lo que podemos concluir que el encierro de una mujer tiene consecuencias gravísimas en cuanto al deterioro psicofísico de su salud.
* Abogadas, integrantes de la Fiscalía de Ejecución Penal de la ciudad de Córdoba, especializadas en Ejecución Penal