Un fallo sin plazo fijo, un partido sin “plan B”

RÍO DE JANEIRO, BRASILIA. El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva podrá apelar en libertad su condena de nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción vinculados con la operación Lava Jato, emitida el miércoles en primera instancia.

Un tribunal de apelación de la ciudad de Porto Alegre, en el sureño estado de Rio Grande do Sul, debe confirmar o revocar la sentencia en segunda instancia.

Para esa nueva y decisiva resolución judicial, no hay plazos fijos. La defensa de Lula anunció que recurrirá la sentencia. Pero no se conoce tampoco de manera exacta cuándo se presentará esa apelación.

Pero el presidente del tribunal de apelaciones afirmó ayer que antes de las elecciones se decidirála suerte de Lula. “Puedo afirmar con casi total seguridad que antes de la elección el caso de Lula ya estará juzgado por el tribunal”, manifestó el camarista Carlos Thompson, presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre.

Según estimaciones de distintos medios brasileños, la revisión de sentencias por parte del tribunal de Porto Alegre suele tardar, en término medio, alrededor de un año. Eso implicaría que la sentencia definitiva podría ser emitida poco antes de las elecciones presidenciales previstas, hasta ahora, para el primer domingo de octubre de 2018. Sin embargo, la crisis institucional en la que está inmerso el país y las denuncias que pesan sobre el actual presidente, Michel Temer, podrían derivar en una separación del mandatario y en el anticipo de los comicios generales.

Si se confirma el cronograma electoral vigente, las definiciones del Tribunal de Apelación de Porto Alegre llegarían quizá en coincidencia con la campaña electoral del año próximo. Una ratificación de la condena a Lula en segunda instancia lo tornaría “inelegible”. Pese a estas contingencias, la dirigencia del PT afirmó ayer que no tiene previsto un “plan B” para reemplazar a su máximo y más carismático referente.

Según anunció ayer Lula, el fallo del juez Sérgio Moro serásometido al análisis de 60 juristas nacionales e internacionales que emitirán una opinión que se convertirá en un libro. Además de la apelación en Brasil, en el PT sugieren llevar el caso a la ONU.